El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García, apremió hoy a la inspección médica, dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, y a la Dirección General de Carreteras, subordinada a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para que agilicen los trámites en las reclamaciones y los informes en los que tengan responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria y de accidentes de tráfico.

García indicó que "ocurre con más frecuencia de lo razonable que hay un retraso en los trámites que son necesarios y previos a las consultas, es decir, los procedimientos se demoran más allá de lo que una diligente instrucción requiere", por lo que hizo un llamamiento a los responsables de los órganos directivos "para que promuevan el esfuerzo necesario dirigido a enmendar esta situación".

El presidente hizo estas declaraciones en el acto de presentación y firma de la Memoria de Actividades 2009 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que contó con la presencia de la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, quien valoró y recogió las propuestas realizadas.

Tanto en los informes sanitarios como los de tráfico, García hizo hincapié en que "cabe darles la mayor relevancia, no solo por su importancia, sino por el elevado número de expedientes que se incoan cada año sobre la responsabilidad patrimonial de la administración". De hecho, indicó que el 72 por ciento de los dictámenes del consejo Jurídico "tienen por objeto tales materias".

García indicó que el Consejo Jurídico "ha destacado la trascendencia que cabe dar a la inspección médica para la adecuada resolución de las reclamaciones", e indicó que la determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a praxis "descansa de forma necesaria en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues solo ellos poseen los conocimientos especializados precisos".

En su calidad de órgano administrativo, el presidente del Consejo Jurídico indicó que la inspección médica "se encuentra en la obligación de efectuar un análisis objetivo e imparcial de las actuaciones efectuadas por los facultativos de la sanidad públicas, y contribuyen a conocer los avances de la técnica y la ciencia existentes a efectos de la resolución que haya de darse".

García trasladó estas apreciaciones al preceptivo informe que debe de emitir la Dirección General de Carreteras "en los casos en los que se le impute a ella la presunta lesión indemnizable". Y es que el informe "no sólo es preceptivo, sino fundamental, debido a la índole técnica de las causas que pudieran determinar los daños", apuntó el presidente del Consejo Jurídico.

Crisis económica

García indicó que la Región, al igual que el resto del país y el mundo "está sufriendo los efectos de la crisis, que han debilitado a las empresas". Este hecho provocó que "una de las cosas más destacables de la actividad administrativa en el Consejo Jurídico en 2009 fuera la tendencia creciente del número de procedimientos de resolución de contratos administrativos, que son incoados de oficio por el incumplimiento imputable al contratista".

Una de las causas que subyace en esta evolución, según explicó, "es la dificultad especial por la que atraviesa el sector de la construcción, que propicia que los contratos de obras se vean afectados en su normal ejecución, desencadenando que el órgano de contratación en defensa del interés público deba ejercitar la potestad de resolución unilateral que le corresponde".

En virtud del principio de riesgo y ventura en la contratación administrativa, el presidente del Consejo Jurídico declaró que el contratista "no puede esgrimir la gravedad en las circunstancias imperantes en el mercado para justificar el incumplimiento de sus obligaciones, nacidas de la obligación contractual, entre las que se encuentra las de cumplir el plazo de ejecución".

Dada la persistencia de la situación de crisis, García indicó que el Consejo Jurídico "ha incluido en su Memoria de 2009, las observaciones a tener en cuenta para una aplicación de la norma ajustada a su sentido y finalidad".

Previsiones año 2010

El año 2010 es el decimotercero de la actividad del Consejo, por lo que García recordó que el paso del tiempo "hace que las instituciones corren el riesgo de quedar obsoletas si no se acomodan a las nuevas exigencias". Así, recordó que en 1997, año de creación del Consejo, el presupuesto de la Comunidad era de 60 millones de euros, y 13 años después, es de 4.900 millones de euros, todo en función de las nuevas competencias.

Precisamente, García auguró que el futuro inmediato "augura un nuevo crecimiento de la Comunidad a través de las competencias sobre Justicia", e indicó que, en el horizonte "aparece que se va a abordar por fin la reforma del Estatuto de Autonomía". Se trata de factores, a su juicio, suficientes para "reflexionar sobre el encaje del Consejo Jurídico en el entramado institucional autonómico".BALANCE 2009

García destacó del año 2009 la celebración de las XI Jornadas de Consejos Jurídicos de España que fueron "un éxito", a su juicio, así como el estreno del nuevo edificio del Consejo Jurídico, en la calle Alejandro Séiquer, y la incorporación de nuevos miembros en el Consejo.

Según la Memoria, durante el año 2009 tuvieron entrada en el Consejo un total de 232 expedientes con solicitud de dictamen, nueve más que en el 2008, lo que supone casi el cuatro por ciento. Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 169 consultas, el 72,8 por ciento del total, tal y como recordó García, y sobresalió "el incremento de los procedimientos de resoluciones en contratos administrativos por incumplimiento del contratista".

Además, fueron emitidos 225 dictámenes, seis más que el año anterior, de los cuales, 163 son sobre reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, destacando los 77 generados en el ámbito de la asistencia sanitaria y 41 en el de la enseñanza no universitaria.

Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 217, siendo 15 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 94 expedientes.