Así se lo pidió durante una interpelación parlamentaria, en el pleno de las Cortes de Aragón, en la que Bernal se interesó por la política del Gobierno autonómico sobre la gestión de los servicios sociales cuya titularidad ostenta la Comunidad autónoma.

El diputado opinó que el Gobierno "ha ido derivando a una progresiva privatización de los servicios sociales, tendencia cada vez más consolidada", lo que contribuye, tanto si se trata de servicios privatizados o externalizados, aunque estos últimos "exigen el control de la administración", que la responsabilidad del Ejecutivo "se diluya" y "se contribuya" a "desmantelar los servicios sociales públicos".

Según Bernal, lo que se externaliza o privatiza por razones de "eficacia y rentabilidad, acaba suponiendo el ahorro de costes y la rebaja de presupuestos" y esto afecta a la situación "precaria"*de los trabajadores de esos servicios, donde hay "una responsabilidad "directa o indirecta de los poderes públicos".

Al respecto, comentó que los sindicatos "han denunciado prácticas abusivas" y "excesos de temporalidad" y movilidad y el Departamento "no puede mirar para otro lado", sino que debe "respaldar a ese amplio colectivo" de trabajadores.

El diputado quiso conocer cuántas personas están contratadas en las empresas o asociaciones privadas que gestionan servicios sociales en Aragón y cuál es el montante económico que representan, así como qué porcentaje del presupuesto del Departamento de Servicios Sociales se destina a la externalización o privatización y cuántos programas son gestionados en su totalidad por el Gobierno de Aragón.

Bernal argumentó que "no se ha demostrado" que con la externalización o privatización "sea mejor la calidad del servicio a los usuarios", sino que, más bien, los prestadores del servicio pasan de ver ciudadanos con derechos a "ver clientes de un servicio" y "poco a poco el Gobierno de Aragón se exime de sus responsabilidades".

El parlamentario precisó que éste es un "sector enorme con muchos intereses" y criticó las relaciones de "amiguismo" o "afinidad política" con algunas entidades sociales, que tienen una "facilidad extra para hacerse con la gestión de ciertos servicios".

Responsabilidad que no abandonamos

La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, recalcó el "compromiso" del sector y de las asociaciones que trabajan "desde hace mucho tiempo en lo social" y subrayó que el Gobierno exige "experiencia y una serie de requisitos" para contar con ellos, además de que "la responsabilidad de la gestión es del Gobierno de Aragón", responsabilidad que "nunca abandonamos".

Agregó que la ley de Servicios Sociales de la Comunidad autónoma contempla diferentes fórmulas de colaboración, con el objetivo final de que la calidad "esté cada vez más presente, independiente de por quién estén gestionados los servicios" y se refirió a la creación de empleo que propicia este sector.

Por otra parte, comentó de las 18 residencias públicas de personas mayores de Aragón, sólo cuatro tienen un contrato de gestión de servicios y recordó que el acceso de los ciudadanos a las plazas concertadas en residencias privadas se realiza "a través de la administración autonómica".

En el caso de los centros de menores, indicó que "existe una red única" cuya responsabilidad es pública, y el proyecto educativo es realizado por el Gobierno aragonés, igual que su "supervisión y control", que es "permanente".