La asociación ecologista ARCA ha planteado al Parlamento cántabro la creación de un grupo de trabajo que analice las sentencias de derribo desde distintas ópticas y con la participación de expertos, para elaborar un informe que permita garantizar el respeto a la legalidad urbanística y, al mismo tiempo, compensaciones a quienes compraron las viviendas "de buena fe".

La asociación registró ayer en la Cámara su propuesta, dirigida a la Comisión de Peticiones, en la que pide que se tome en consideración esa idea de constituir un grupo de discusión sobre este asunto con debates abiertos al público.

Lo que propone ARCA es que el grupo de trabajo elabore un informe con cuatro objetivos esenciales, el primero de ellos, garantizar el respeto y el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente.

Junto a ello, apuesta por adoptar medidas legales contra la especulación y el desarrollo "insostenible", incluso, "recortando si es preciso las competencias municipales en materia urbanística". Además, reclama una "cultura de transparencia" con el fin de "informar y dar cauces de participación a los ciudadanos en la gestión del suelo".

Y también propone que se establezcan protocolos para que las personas que hayan adquirido "de buena fe" una vivienda afectada por una sentencia de derribo puedan obtener una compensación o indemnización "adecuada".

En su escrito, la asociación recuerda que en Cantabria hay más de 20 sentencias firmes de derribo en una decena de ayuntamientos que ordenan la demolición de diversas edificaciones como forma de "restaurar" la legalidad urbanística.

A su juicio, es el resultado de la actitud de "algunos ayuntamientos de Cantabria" que "han estado bordeando la ley para imponer un determinado modelo urbanístico y territorial".

Las sentencias no son un problema

ARCA piensa que las consecuencias de estas actuaciones municipales son "extremadamente negativas para el conjunto de los cántabros en términos de seguridad jurídica, imagen en el exterior, sociales, laborales, ambientales, económicos y paisajísticos, sin olvidar los daños morales y patrimoniales directos que están causando a los propietarios de viviendas afectadas por las sentencias de derribo".

Pero deja claro que las sentencias "no pueden ni deben ser consideradas en sí mismas como un problema, sino como la respuesta del Estado de Derecho" ante esas actitudes municipales al margen de la legalidad.

Además, lamenta que la actitud de los ayuntamientos condenados "ha sido profundamente irresponsable, limitándose a presentar un sinfín de recursos e incidentes en el ámbito contencioso administrativo, con el único ánimo de dilatar el proceso", una situación que "está siendo entendida por la ciudadanía como un pulso contra las órdenes de los jueces y tribunales".

En la misma línea, la asociación critica que "en ningún caso las sentencias de derribo han sido asumidas políticamente por ningún alcalde o concejal de Urbanismo con su dimisión" y "tampoco" ha sido cesado ningún técnico municipal.

Es más, recalca que, salvo el Ayuntamiento de Arnuero, ninguna administración local se ha puesto en contacto con la asociación, como denunciante, para dialogar sobre la manera de ejecutar las sentencias "de la forma menos lesiva para el interés general".

Por último, ARCA rechaza las "simplificaciones interesadas" sobre las causas de las sentencias de derribo y recuerda que se deben a ilegalidades y vulneraciones de diversas normativas ambientales y de ordenación territorial, en materia urbanística y del propio planeamiento municipal.