Ojeda señaló que, si se hubiera incluido el atún rojo en el anexo 1 de CITES, además de otras especies amenazadas que también se votaron, la protección del santuario de Baleares habría quedado reforzada y habría contribuido a evitar que se llegara al colapso total de la especie, que según los ecologistas se producirá de manera inminente si no se actúa pronto.

La inclusión en CITES del atún rojo habría significado la prohibición del comercio internacional de esta especie, de manera que se habría podido vender pero únicamente a nivel interno dentro de cada nación. En España el consumo de este pescado es reducido y el 80 por ciento del que se captura se importa a Japón, indicó Ojeda. Por esta razón, su inclusión en esta lista habría significado una oportunidad para salvar el santuario de Baleares del colapso total.

Ojeda explicó que el Gobierno se niega a prohibir la pesca en este santuario porque se trata de una zona de aguas internacionales que afecta a diferentes países como España, Italia, Malta o Grecia, y que no ven razón para "ser los primeros en dar el paso" ya que, en caso se acceder, el resto de países seguirían teniendo capacidad para pescar en su territorio. No obstante, Greenpeace critica que España "no quiera ser la primera en dar este paso" y lidere la protección de la especie en el Mediterráneo.

La ecologista aseguró que ahora "el único" con capacidad para proteger este santuario es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que tiene potestad para ello según una normativa europea de regulación del Mediterráneo que "obliga a los estados miembros de la Unión Europea a declarar zonas protegidas de pesca y reservas marinas" dentro de su territorio nacional "para proteger la pesquería y dar prioridad a las zonas de desove de especies en protección".

La activista aseguró que España "va con retraso" en este asunto y que, si no se actúa de manera inminente, la situación de la especie en esta zona habrá llegado a un punto de no retorno en el que ya no será posible su recuperación debido a que probablemente ya no quedarán individuos reproductores.

Apoyo del govern al santuario

El Govern balear aprobó este mes instar al Gobierno central a que declare la protección de esta zona de protección ecológica. Se trata de un área que abarca unos 50.000 kilómetros cuadrados de forma poligonal, cuyos vértices están en la isla del Aire (Menorca), Cabrera, Mola y Cabo de Berberia (Formentera), las Islas Bledes (Ibiza) y setenta millas al sur de estos puntos.

A pesar de la petición de la comunidad de Baleares y de la propia ciudadanía, lamentó Ojeda, el Ministerio mantiene su postura de "no querer dar el primer paso", incluso habiendo estudios del Instituto Español de Oceanografía que apoyan la declaración del santuario. En caso de que se declarase su protección, sería "la primera ley internacional de protección de aguas profundas, las cuales gozan de una gran riqueza natural y diversidad biológica", apostilló Ojeda, quien concluyó que "la pelota está en el tejado del Gobierno español".