El Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao ha decidido absolver al alcalde del municipio vizcaíno de Etxebarria, el jeltzale Karmelo Gisasola, al concejal también de PNV Jesús Mari Iriondo, al arquitecto municipal y al anterior alcalde ya fallecido, Iñaki Sodupe, de un presunto delito de prevaricación urbanística en el proceso iniciado en 1997 tras la denuncia interpuesta por concejales de HB, según informó hoy el Partido Nacionalista Vasco.

La denuncia fue presentada en relación a la concesión de una licencia urbanística para la construcción de una vivienda vinculada a una explotación agropecuaria del marido de una concejala del Ayuntamiento.

Gisasola compareció hoy en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Etxebarria para explicar esta sentencia absolutoria que, según manifestó el PNV, "deja claro que no existía incompatibilidad alguna para la concesión de la citada licencia y que su solicitante reunía todos los requisitos necesarios".

Asimismo, destacó que la resolución constata que los concejales de HB denunciantes aportaron al procedimiento contencioso-administrativo "datos incompletos que cuestionaban la explotación agropecuaria del solicitante de la licencia, obviando otros cuya valoración evidenciaba que dicha explotación quedaba fuera de toda duda".

Del mismo modo, apuntó que queda reconocida "la corrección" de los informes técnicos emitidos y el pronunciamiento del Ararteko sobre "la existencia de todos los elementos para el otorgamiento de la licencia, exigiendo, incluso, al Ayuntamiento su concesión".

"se ha quedado sin casa"

En su comparecencia, el alcalde de Etxebarria, Karmelo Gisasola, insistió en que "todo este proceso que arrancó en 1997 se enmarca dentro de la pugna política por la Alcaldía".

El edil jeltzale denunció que "lo lamentable es que, antes de la celebración del juicio penal y sin esperar su resultado, los concejales denunciantes solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia que anulaba la licencia, lo que obligó al Ayuntamiento a demoler la vivienda construida".

Las consecuencias de ese "irresponsable proceder" en la actualidad son "que la familia titular de la vivienda se ha quedado sin casa y que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a un proceso por los daños derivados a los afectados por la demolición", advirtió.