En opinión del Cormin, se trata de una ley "garantista" que "eleva a la condición de los derechos humanos la inclusión social de las personas con discapacidad, elevando a la categoría de derechos fundamentales la accesibilidad universal a cualquier entorno y servicio".

En un comunicado, la organización aseguró que esta ley "nos ofrece un marco de oportunidades para desarrollarnos como ciudadanos" y destacó que "se deberá desarrollar reglamentariamente de manera transversal en todos sus ámbitos de competencia si realmente se pretende que cumpla con eficacia el papel que como ley de segunda generación le corresponde".

Finalmente, desde el Cormin valoraron la unanimidad de los grupos parlamentarios en apoyar esta ley, lo que, en su opinión, "constituye un magnífico ejemplo de la conexión real y cercanía de la sociedad civil con el poder legislativo de nuestra Comunidad foral".