Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, durante la declaración ante el magistrado instructor del caso Palma Arena, José Castro, Matas aseguró que no intervino en estas actuaciones y negó las declaraciones efectuadas al respecto por varios de los imputados en el caso.

Así, se mantuvo en la declaración que ya efectuó ayer sobre el sobrecoste de la infraestructura, en la que se desligó de todas las actuaciones administrativas en la construcción, si bien asumió "con todas las consecuencias" su decisión política de llevar a cabo este proyecto que, según recordó, "fue refrendado por el Consell de Govern".

Tras ser reanudada hoy su deposición, en torno a las 10.30 horas y tras haber cambiado de sala ante la posible presencia de micrófonos en la dependencia, el ex jefe del Ejecutivo negó, asimismo, haber intervenido en la propuesta de derribar un garaje ubicado en el solar del Palma Arena por un total de 100.000 euros.

En su día, el arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, mostró su desacuerdo ante esta propuesta al aducir que el derribo sólo costaba la mitad. Asimismo, a este respecto ya se refirió el pasado mes de agosto una arquitecta, que ante el juez consideró una "locura" presupuestar 100.000 euros para proceder a esta actuación.

Matas continúa siendo interrogado sobre estos contratos, que presuntamente derivaron en el desvío de más de cincuenta millones de euros durante la ejecución de la considerada infraestructura estrella del PP.

Tras ello, está previsto que el encausado, sobre quien recaen un total de nueve delitos castigados con penas de hasta treinta años de cárcel, sea interrogado hoy por las pesquisas llevadas a cabo en torno a la adquisición de la vivienda que posee en el casco antiguo, conocida como palacete, la presunta financiación ilegal del PP y sobre posibles irregularidades en contratos relacionados con IB3 durante la pasada legislatura.

Durante la comparecencia de ayer, el ex jefe del Ejecutivo atribuyó al ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-.

Además, admitió que el medallista olímpico, también encausado en este procedimiento, fue nombrado en este órgano a propuesta suya así como de la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.