Del mismo modo, la consejera del área, Noemí Martín, quiso recordar que "Izquierda Unida está en el Gobierno de Asturias para garantizar las políticas sociales, a pesar de la crisis", según indicó la Consejería en nota de prensa.

"En este año, el tercero de implantación de la Ley, lo que se está llevando a cabo es un proceso de evaluación que permita mejorar su aplicación, pero en ningún caso esta evaluación supone una paralización", sostienen desde Bienestar Social.

Además, inciden en que la Ley fue aprobada en el Congreso y supuso "el reconocimiento de un nuevo derecho a los ciudadanos". "Cualquier paralización en su desarrollo debe ser aprobado en el Congreso, ninguna Comunidad Autónoma puede tomar esa decisión de forma unilateral", argumentan desde la Consejería.

"Aunque la consejería de Bienestar Social y Vivienda ya realizó un fuerte ajuste de su presupuesto para este año, en el que no caben más recortes. Desde la Consejería siempre ha tenido entres sus objetivos la necesidad constante de mejorar la eficiencia de los servicios públicos pero, no se puede olvidar que el desarrollo de esta Ley requiere crear nuevos servicios y el personal necesario para su funcionamiento", concluye el escrito de Bienestar Social y Vivienda.