La Audiencia absuelve a los cuatro policías acusados de poner una multa falsa por venganza

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón acaba de absolver a los cuatro agentes de la Policía Local acusados de poner una multa falsa, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. En la sentencia, notificada hoy a los procesados, se constata la falta de pruebas y se admite la posibilidad de fallos en las máquinas de sancionar que utiliza la Policía Local.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón acaba de absolver a los cuatro agentes de la Policía Local acusados de poner una multa falsa, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. En la sentencia, notificada hoy a los procesados, se constata la falta de pruebas y se admite la posibilidad de fallos en las máquinas de sancionar que utiliza la Policía Local.

Asimismo, contra el fallo judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días. Fuentes cercanas a los imputados señalaron a Europa Press que aunque esta sentencia supone un alivio, no esperaban otra cosa al sostener que eran inocentes.

Durante el juicio, celebrado en dos sesiones, los agentes atribuyeron a un error de la máquina el que el número de registro de la sanción sea posterior a otras dos multas, que sin embargo habían puesto dos horas después.

Asimismo, en la vista oral, el agente que interpuso la multa se ratificó en los hechos que figuran en la sanción, es decir, que el conductor se saltó un semáforo y que debido a su conducción temeraria algunos peatones tuvieron que dar un salto hacia atrás para subirse a la acera. El policía atestiguó que paró al conductor para identificarle y ponerle la multa, algo que éste último niega.

En este sentido, el denunciante en esta causa relató que dos de los agentes imputados tenían "una persecución personal" contra él por haber declarado en un juicio en contra de uno de ellos, mientras que al otro tuvo que expulsarlo una noche del pub en el que trabajaba como portero.

Según su relato, la víspera de Reyes de 2006, estos mismos policías estaban regulando el tráfico en la calle de Munuza con San Bernardo, en el momento en que el denunciante pasó por esa zona, de camino al Polígono de Silvota. Según su versión, al detener uno de los agentes la caravana de coches, él quedó en primera fila, con lo que pudo identificarle perfectamente y avisar a su compañero por la emisora, que se volvió para mirar al conductor.

Fue un tiempo después cuando recibió la notificación de una multa en el cruce entre Munuza y San Bernardo por haberse saltado un semáforo "inexistente" y poner en peligro a los peatones. El denunciante recalcó el hecho de que es "imposible" que hubiera llegado al polígono de Silvota en 25 minutos si le hubieran parado para ponerle la multa.

Penas solicitadas

En cuanto a las penas, la Fiscalía pedía tres años de prisión para cada uno de los imputados, así como el pago de una multa de seis meses con cuota diaria de 8 euros, más las costas. Además, solicitó que los cuatro indemnicen conjuntamente a la víctima en 300 euros por los perjuicios causados y en 1.000 euros por los daños morales.

Por su parte, la acusación particular solicitó por el delito de falsedad en documento oficial para cada agente cuatro años de prisión, una multa de 15 meses con cuota diaria de 12 euros y seis años de inhabilitación, así como el pago conjunto de una indemnización de 362 euros por la multa que tuvo que pagar el denunciante y 6.000 euros por daños morales.

También pidió, para dos de ellos, dos delitos contra la Administración de Justicia a cada uno, para quienes solicitó por cada delito dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 15 meses con cuota de 12 euros al día, así como la inhabilitación para el ejercicio de su cargo durante cuatro años.

A esto sumó para estos dos policías un delito continuado de atentado contra la integridad moral, por el que solicita, para cada uno, un año y nueve meses y la inhabilitación para la profesión por un periodo de cuatro años.

Por su parte, la defensa había solicitado la libre absolución por el delito de falsedad, mientras que rechazó que pudieran ser juzgados por los otros dos delitos que imputaba la acusación particular a dos de los policías.

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