Conde-Pumpido propone a José Ernesto Fernández como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cuenca

El fiscal general del Estado propone nuevos nombramientos en las fiscalías del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras la deliberación hoy del Consejo Fiscal, propondrá al Consejo del Ministros diversos nombramientos en varias fiscalías, entre ellas las del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. También propondrá el nombramiento de José Ernesto Fernández como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Fuentes de la Fiscalía informaron hoy que para la Sección Civil de la Fiscalía del Supremo se propondrá la renovación de su mandato, por otros cinco años, de José María Paz Rubio; mientras que para la sección Penal se propondrá la continuación en este destino de Antolín Herrero Ortega.

Además, se propondrá el nombramiento para la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Marcelo de Azcárraga Urteaga, hasta ahora destinado en la Fiscalía de Pontevedra.

También se proponen los nombramientos de Ricard Cabedo Nebot, para la Fiscalía de Valencia; de Luis del Río como teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de José Ernesto Fernández (actualmente destinado en Barcelona), como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Por otra parte, el fiscal general ha comunicado al Consejo Fiscal la designación para la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a Aranzazu San José González, destinada en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, y Ana María García León, hasta ahora en la Fiscalía de Madrid.

Informe en los próximos días

Por otra parte, el Consejo Fiscal ha dado el visto bueno a su informe sobre la reforma del Registro Civil, cuyo carácter no es vinculante, si bien su contenido no se hará público hasta dentro de unos días, cuando se introduzcan las correcciones aprobadas en la sesión de hoy en el texto inicial.

Este informe vendrá a sumarse al que ya aprobó a finales del pasado mes de enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se cuestiona que el proyecto de reforma legislativa planteado por el Gobierno pretenda atribuir a las alcaldías la "competencia exclusiva" para autorizar los matrimonios y no contemple la posibilidad de recurrir ante su decisión.

El nuevo registro que dio a conocer el Gobierno el pasado mes de enero pretende convertirse en una gran base de datos electrónica común, que deje atrás los libros de registro, de modo que cualquier ciudadano pueda consultar por internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país.

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