Al respecto, la vicesecretaria de comunicación del PP y concejal de Bienestar Social e Integración en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, criticó la nueva ley por cuanto que "consagra el modelo anterior de 'papeles para todos'", y señaló como puntos negativos la "indefinición del modelo de inmigración que quiere el país cuando el resto de Europa sí lo ha hecho, la ausencia de acciones contundentes contra las mafias que trafican ilegalmente con personas, el estancamiento del fracasado problema de retorno voluntario, la aplicación del arraigo a los irregulares tras dos o tres años de estancia ilegal en nuestro país o la escasa mención de políticas de integración para los inmigrantes".

La edil incidió, además, en que el fenómeno migratorio tiene una dimensión "especial" en la Comunitat Valenciana, ya que es una de las autonomías que más inmigración ha absorbido en los últimos años. "Sólo en la ciudad de Valencia hemos pasado de 5.000 extranjeros en 1991 a 123.000 en 2009. No sólo es significativo el alto porcentaje de población extranjera, sino también la rapidez con que se ésta se ha incrementado", explicó.

En este sentido denunció que "a pesar de este aumento, el Gobierno central ha reducido en un 30 por ciento los fondos para inmigración, y ha recortado en 3.000 millones de euros las partidas para el desarrollo de políticas migratorias por parte de los ayuntamientos". En su opinión, "el esfuerzo de medios técnicos y humanos que hacen las administraciones locales para ofrecer servicios públicos de empleo, de sanidad o educación exige una coherencia presupuestaria", dijo.

Por su parte, el diputado de Convergència i Unió (CiU) Carles Campuzano, explició que la sociedad española "puede sentirse razonablemente satisfecha" de cómo ha encajado la realidad migratoria, y que el mérito es "del sentido común de la ciudadanía y del esfuerzo de la sociedad civil, a través de sindicatos y organizaciones, así como de las administraciones autonómicas y locales". El diputado apuntó que el verdadero reto al que se enfrenta España ahora "es solucionar los problemas de una sociedad mucho más diversa y con altas tasas de desempleo".

Carles Campuzano criticó que, a pesar de este cambio de coyuntura, el nuevo texto sigue siendo continuista con el modelo de inmigración que tiene España desde el año 1985. "Nuestro modelo migratorio es eminentemente laboral, es decir, depende del mercado de trabajo como principal vía de acceso. Este modelo se mantiene en la ley actual, cuando dicho texto debería adecuarse al nuevo escenario. Deberíamos plantearnos: 'cuando pase la crisis, ¿qué modelo migratorio queremos?'. Aun así, creemos que es positivo que se incorpore por primera vez principios y alusiones a la integración social de los extranjeros", matizó.

"capacidad española"

El abogado de Comisiones Obreras José Antonio Moreno, experto en Extranjería, elogió la capacidad española para absorber en un corto período de tiempo el gran contingente migratorio, y afirmó que Europa "nos mira con admiración en materia de Extranjería, porque lo que otros países han hecho en décadas, nosotros hemos sabido hacerlo en menos de 10 años".

El balance del tratamiento del fenómeno inmigratorio en España "es positivo, es un éxito social, un éxito laboral y un éxito económico, pero un auténtico fracaso político porque no ha habido ningún cambio de enfoque en la política migratoria desde 1985", declaró José Antonio Moreno.

Este experto apuntó que actualmente España vive un panorama distinto a otras etapas en materia de inmigración. "El tiempo de la 'solidaridad' con los inmigrantes se ha acabado. Ahora nos toca convivir, que es mucho más complicado, porque significa respetar la diferencia y la diversidad de valores", subrayó el abogado de Comisiones Obreras, que criticó la nueva ley por ser "inoportuna e insuficiente, cuando debería ser una ley integral".

José Antonio Moreno explicó, además, que algunos aspectos positivos de la nueva ley son el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes a la huelga y a la sindicación, y considera que todos los trabajadores, también los irregulares, deben tener derecho a prestaciones por desempleo. "La Organización Internacional del Trabajo recomienda expresamente que las consecuencias del desempleo deben ser las mismas independientemente de la procedencia y situación del trabajador", declaró.