El diputado subrayó en un comunicado que en la Comunitat "solamente reciben prestaciones directas 29.109 personas cuando les deberían corresponder a 65.648 valencianos" y consideró que es "injusto que el Consell utilice a los dependientes en su batalla política contra el Gobierno Central" al tiempo que calificó de "indecente" a Gerardo Camps.

"De las 65.539 personas que deben recibir prestaciones directas de la Ley de Dependencia, tan sólo las reciben 29.109 ciudadanos", dijo, y añadió que la Comunitat Valenciana "se sitúa a la par que Madrid, ambas gobernadas por el PP". Por tanto, sostuvo que 36.500 valencianos "están siendo maltratados por el gobierno de Camps porque están en su casa sin recibir las ayudas y prestaciones que les corresponden".

Torres comparó la situación de la Comunitat con otras autonomías como Castilla y León que "aunque tiene la mitad de habitantes y está gobernada por el PP, más de 42.000 personas reciben prestaciones de la Ley de Dependencia".

El parlamentario del PSPV-PSOE calificó de "desvergüenza" que Gerardo Camps "en lugar de aportar recursos para la aplicación efectiva de la Ley proponga una moratoria" y denunció que el Consell "ha estado aprovechando estos tres últimos años el dinero del Gobierno central para refinanciar todos aquellos servicios que ya estaba prestando con anterioridad".

"Mientras que en otras comunidades han utilizado el dinero que proviene de la Ley para incrementar el número de personas que reciben servicios, en la Comunitat Valenciana el Consell ha utilizado este dinero para hacer caja y no ampliar derechos sociales", criticó y recordó que es la Generalitat "la que tiene competencias exclusivas en materia de atención a las personas dependientes".

Torres lamentó que el Consell "utilice a los dependientes en su lucha y enfrentamiento con el gobierno central" y añadió que "lo hace con el agua, con las infraestructuras y también con los dependientes". En este sentido, Torres calificó de "injusto" el uso de los dependientes "en la batalla política" porque "están jugando con los derechos de los ciudadanos para el chantaje político".