El Coordinador General de IU de Asturias, Jesús Iglesias, aseguró hoy que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera supuso la constatación de la renuncia de la única vía de solución real del déficit: una verdadera reforma fiscal que introduzca criterios de progresividad.

"Sin esa reforma fiscal —señaló el Coordinador de IU de Asturias en una nota de prensa—, el objetivo de reducir el déficit al 3 por ciento en 2012 resulta imposible de alcanzar".

Iglesias recordó que la propuesta de IU, que hoy defenderá Gaspar Llamazares en el congreso de los diputados, se basa en una revisión del tipo impositivo del IRPF a los contribuyentes de mayor capacidad económica, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para gravar a las grandes fortunas o la elaboración de Plan de lucha contra el fraude fiscal que tenga como objetivo su reducción a los parámetros medios comunitarios.

La iniciativa reclama ajustar el proceso de reducción del déficit público al ritmo que permita la evolución de la economía, asegurando el necesario papel del gasto público en su vertiente social y productiva para la superación de la recesión económica.

En el caso de Asturias, Jesús Iglesias señaló que existe un plazo de tres meses para que las comunidades autónomas elaboren un plan. En este periodo, afirmó el Coordinador de IU, habrá que establecer un diálogo en el seno del Gobierno de Asturias y con los agentes sociales.

En una primera aproximación al acuerdo de la tarde de ayer, el Coordinador de IU subrayó que Asturias es la comunidad autónoma de régimen general menos endeudada del estado y no cabe que se nos exija un ajuste significativo. Iglesias manifestó que las cinco comunidades con mayor endeudamiento no han sido capaces de plantear ningún plan de austeridad, entre ellas la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias.

Jesús Iglesias aseguró que "en Asturias aprobamos un presupuesto que es la herramienta de lucha contra la crisis y no nos planteamos otra alternativa que no sea cumplir ese presupuesto". Finalmente, y en relación con las plantillas de empleados públicos, IU planteó que se cumplan los compromisos de reducción de la temporalidad y que se mantengan los niveles necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales: en sanidad, educación y atención social.