Dada la actual coyuntura económica de crisis, el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció que, con la meta de que España alcance un déficit por debajo del -3%, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las comunidades autónomas debería alcanzar los siguientes importes de déficit, con carácter de máximos: -2,5% en 2010, -1,7% en 2011, y -1,3 en 2012. No se incluye el déficit por inversiones previsto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001.

En el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2010-2012 del Principado de Asturias se incluye una serie de decisiones, que afectan tanto a los ingresos como a los gastos. Entre las principales medidas sobre ingresos se encuentran continuar con las mejoras en los procedimientos de gestión y recaudación, en la línea de los últimos años, reduciendo tanto los tiempos de tramitación de los expedientes, como del período de cobro de las deudas; Actualización de las tasas y precios públicos; e incidir muy especialmente, a través de los planes de inspección tributaria, tanto en la búsqueda de transacciones económicas sujetas a tributación y no declaradas, como a la corrección de bases imponibles declaradas.

Por su parte, las principales medidas a considerar sobre los gastos son la contención salarial en el marco de la legislación básica vigente adicional a la congelación salarial de los altos cargos del Principado de Asturias iniciada en el año 2009 y mantenida para el ejercicio 2010; la congelación de la oferta de empleo público desde el año 2010; continuar con los planes de jubilaciones; el aumento de la eficiencia en la contratación externa; la centralización de las compras en el área de salud; y continuar potenciando las políticas destinadas a asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos, con el objeto de alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos destinados a la prestación farmacéutica.

Paralelamente a estas medidas, el Principado de Asturias estudia otras de racionalización y control de los ingresos públicos, que complementan a las anteriores. Se trata de limitar el número de créditos que tengan la condición de ampliable según ley anual de presupuestos, con el objeto de evitar incrementos de gasto público no presupuestado. También se impulsarán reorganizaciones administrativas que supongan una reducción del gasto real, lo cual incorpora la posibilidad de suprimir entidades cuyas funciones sean absorbidas por las consejerías competentes u otros organismos. Y por último, se propone revisar las actuaciones a desarrollar por cada consejería y sus unidades dependientes con el objeto de determinar qué líneas de actuación pueden suspenderse o aplazarse para ejercicios futuros.