Un observatorio evaluará anualmente la implantación de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana

El Observatorio de la Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, que se creará según lo previsto en el Proyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, evaluará anualmente el grado de implantación de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana.

Así lo recoge una enmienda técnica transaccionada por la que se establece que ese organismo, integrado en la Red de Observatorios de la Administración Electrónica a nivel estatal y europeo, elaborará un informe anual sobre el grado de implantación de la administración electrónica en la Comunitat, del que dará cuenta a las Corts.

Inicialmente, el PSPV presentó una enmienda para solicitar la creación de la figura del Defensor de las Telecomunicaciones, que finalmente decidió retirar tras acordar que el observatorio sea el encargado de velar por esta cuestión.

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat debatió hoy las 75 enmiendas —53 del PSPV, diez del PP, siete de Compromís y cinco del grupo de no adscritos— presentadas al Proyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat, norma con la que pretenden "favorecer una mayor transparencia en la actividad administrativa y la apertura de nuevos cauces a la participación ciudadana y de la sociedad civil".

Del total de enmiendas, fueron aprobadas directamente las diez del PP, tres de Compromís y 13 del PSPV, que retiró otras doce. Además, los grupos aceptaron otras 17 del PSPV que fueron transaccionadas, mientras que rechazaron cuatro de Compromís y las cinco del grupo de no adscritos.

En concreto, aceptaron la petición de Compromís de eliminar la disposición por la que la Generalitat impulsaría iniciativas destinadas a conseguir el reconocimiento del dominio '.cva' para la Comunitat. Enric Morera se mostró sorprendido por la posibilidad de que signifique que "el Consell se ha hecho independentista" dado que los dominios de primer nivel están reservados a los distintos Estados, argumentos con los que ha "convencido plenamente" al grupo 'popular', en palabras del parlamentario del PP Antonio Peral.

La comisión aprobó asimismo la enmienda en la que Compromís solicitaba que el Consell "impulsará y fomentará la implantación efectiva y preferente del valenciano", y no sólo efectiva como preveía el artículo original de la ley.

Reducción de tributos

Por otro lado, se estableció que "en la medida en que la administración electrónica vaya reduciendo el impacto económico derivado de la implantación de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, se promoverá la correlativa reducción de los tributos o precios públicos existentes que se exijan por su utilización o acceso".

Además, las entidades locales podrán constituir consorcios u otras formas asociativas para la gestión de intereses y servicios comunes, "pudiendo incluso crear sedes electrónicas comarcales, mancomunales o supramunicipales", para lo que aprobarán un Plan de Actuación Coordinado en el que definirán la estrategia y objetivos para facilitar la efectiva implantación de la administración electrónica.

Otra de las enmiendas transaccionales aprobadas señala que en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se aprobará el reglamento que regule la estructura, organización, competencias, funcionamiento y régimen económico-financiero del Centro de Transferencia y de Conocimiento.

Posteriormente, los miembros de la comisión designaron a la secretaria de la misma, la parlamentaria socialista Consuelo Català, como la encargada de presentar ante el pleno el dictamen de la comisión sobre el Proyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

Ausencia de sánchez de león

Por otra parte, se aplazaron a la próxima sesión los dos puntos del orden del día en los que estaba prevista la comparecencia de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien excusó su asistencia por tener que atender "compromisos de carácter institucional de ineludible cumplimiento".

Sánchez de León debía informar hoy del recurso contencioso-administrativo anunciado por la Generalitat tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial de archivar su queja contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la instrucción del 'caso Gürtel', así como sobre distintos aspectos del Plan de innovación y modernización de la administración pública valenciana.

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