El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó el pasado viernes otorgar la licencia de edificación de 50 VPO en la zona de Illarra, en el barrio donostiarra de Berio, que comenzarán a construirse "en breve" y serán sorteadas este mismo año.

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el concejal de Urbanismo donostiarra, Jorge Letamendia, anunció hoy que esta nueva urbanización constará de tres edificios "en forma de L" en los que se repartirán 29 viviendas de tres dormitorios, 18 de dos y tres de una habitación, todas ellas en derecho de superficie.

La UTE Construcciones y promociones Eraikuntzak y Sukibide iniciará "en breve" la construcción de estas viviendas que se ubicarán al comienzo del viario de acceso de Igara a Berio y contarán con un "plazo de ejecución estimado" de dos años.

El sorteo de las viviendas, cuyo coste "rondará los 120.000 euros", se realizará en 2010, un año en el que se repartirán "cerca de 500 VPO" en la capital guipuzcoana, según apuntó el concejal.

Caso brues en riberas

Por otra parte, Letamendia mostró su "enorme satisfacción" por el fallo emitido por el Juzgado de San Sebastián, que desestimó los dos recursos que Construcciones Brues presentó en 2005 en referencia a dos bloques de viviendas en Riberas de Loiola para recibir 3,3 millones de euros de los adjudicatarios y 3,22 millones de euros del Ayuntamiento.

Según explicó el concejal, la empresa remitió estos recursos por "discrepancias" en el precio establecido por cada vivienda y por "los daños que el Ayuntamiento produjo debido a los retrasos en diversas fases" de la construcción de las viviendas de 178 familias.

De este modo, la empresa presentó hace cinco años un recurso relativo al sobreprecio a las familias, que "debían pagar 18.000 euros más por cada vivienda" y un segundo en el que exigía 3,22 millones de euros al Consistorio por "daños".

Finalmente, el juez condenó "recientemente" a Construcciones Brues a pagar las costas por "chantajear a las familias" y "exigirles tres millones de pesetas más por cada piso", atendiendo a "la finalidad antisocial del recurso y al carácter profundamente insolidario con los adjudicatarios".

En este sentido, los vecinos que aceptaron pagar el precio establecido por la empresa en el año 2005 en lugar del acordado por el Ayuntamiento, recibirán la diferencia por parte de Construcciones Brues.

No obstante, la "inmensa mayoría" de las familias afectadas por la problemática "se inclinaron" por firmar una compraventa de las viviendas por el valor que pretendía Brues, pero pagaron el precio establecido por el Ayuntamiento. Asimismo, reconocieron formalmente que debían tres millones de pesetas a Brues, pero este diferencial funcionó "a través de un aval cuyos costes financieros pagó el Ayuntamiento".

Con todo, el Gobierno municipal "no dará ni un duro" a la empresa, que se verá obligada a "pagar las costas" si no recurre la sentencia al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un plazo de 15 días, concluyó Letamendia.