A preguntas de los medios, Rodríguez recordó que la empresa presentó en un primer momento un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que "pretendía acabar con los puestos de trabajo" y que el Gobierno de Castilla-la Mancha, como autoridad laboral, rechazó "porque entendíamos que no estaba justificado el despido de estos trabajadores", apuntó.

Asimismo, señaló que después las empresa decidió iniciar un proceso concursal donde subrayó que la decisión última "ya no nos cabe como autoridad laboral", ya que es el juez de lo mercantil "el que debe decidir lo que suceda a estos trabajadores".