Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la víctima tenían una relación sentimental y convivían desde hacia siete años en Villanueva del Pardillo (Madrid). Fruto de esa relación, la víctima otorgó testamento instituyendo como heredero universal al acusado.

No obstante, durante la Semana Santa de 2006, la víctima conoció a un ciudadano de origen armenio durante un viaje al extranjero, comenzando con este una relación paralela, que se fue consolidando hasta el punto de decidir que en octubre de 2006 vendría a España y comenzarían una vida en común.

Al conocer el acusado esta circunstancia y sabiendo que la llegada del ciudadano armenio supondría el fin de su condición de heredero, decidió dar muerte a la víctima. Para llevar a cabo su acción y asegurarse la efectiva muerte de su compañero, en primer lugar ideó un plan para evitar cualquier posibilidad de defensa que le pudiera oponer.

Para ello, durante la cena del día 20 de septiembre de 2006, el acusado le suministró una benzodiazepina de larga duración con efecto hipnótico que le produjo depresión del sistema nervioso llevándole a un estado de letargo. En ese estado, le propinó un golpe en la cabeza y le envolvió la misma con una bolsa de plástico fuertemente sujetada con cinta adhesiva.

A continuación, le enrolló una bandera de España, le colocó otra bolsa de plástico y lo introdujo en un saco de dormir. Inmediatamente después, y estando la víctima absolutamente inmóvil, lo metió en el vehículo y se trasladó con él hasta Cebolla (Toledo), donde arrojó el ya cadáver al río Tajo.

El cuerpo sin vida de la víctima, que falleció de asfixia por sofocación, fue encontrado sobre las 15.00 horas del día 24 de septiembre de 2006 en el río Tajo, a la altura de la presa de Hidroeléctrica del paraje conocido como Los Molinos.

El Fiscal también pide que el acusado indemnice a los padres de la víctima, como herederos perjudicados del fallecido, en la cantidad de 200.000 euros para cada uno.

La vista oral con jurado popular se desarrollará durante cinco días consecutivos, en los que está prevista la comparecencia de casi una veintena de testigos, además de cinco guardias civiles, cinco médicos forenses y cuatro especialistas en toxicología.