Según indicó a Europa Press el presidente de AMA, Antonio Vilela, Revilla tiene una "deuda moral" porque fue el "máximo representante" del urbanismo en Cantabria cuando se produjeron "el 99% de estas situaciones", en alusión al periodo entre 1995 y 2003, cuando el regionalista ocupó el cargo de consejero de Obras Públicas.

"Alguna responsabilidad tiene que tener", subrayó Vilela, quien también se refirió a una "deuda histórica" porque la situación data de hace más de quince años. "Después de todo esto, las familias nos merecemos que se nos dé una solución", remachó.

Esta fue una de las cuestiones que se trataron hoy la reunión y posterior concentración que celebró AMA en Argoños y que Vilela calificó de "multitudinaria" pues congregó, dijo, a unas 400 personas de todas las organizaciones y municipios afectados.

En la reunión se constató la situación de "preocupación e incertidumbre" que están viviendo los afectados por las sentencias de derribo porque el proceso se "dilata" y las soluciones legales "que tantas veces nos han prometido desde el Gobierno y los ayuntamientos no se acaban de concretar".

"Los autos de derribo siguen cayendo, y esas decisiones que anuncia el consejero —en alusión al titular de Vivienda, José María Mazón—, que los ayuntamientos aprueban en los plenos, no vemos que se concreten en algo real y estamos realmente preocupados", manifestó.

Los afectados esperan "un impulso" por parte de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para que se lleve al Parlamento "una buena norma que ayude a acabar con la inseguridad jurídica en nuestra comunidad".

Además, en la reunión se abordó el hecho de que la asociación ecologista Arca "intente culpabilizar a las víctimas". Al respecto, Vilela calificó como "totalmente falsas" las afirmaciones de Arca "diciendo que los compradores sabían, que han comprado a mitad de precio", y señaló que estas declaraciones, además de no tener "ningún sentido", están hiriendo a la gente.

En este sentido, el presidente de AMA insistió en la importancia de la colaboración de todos los sectores implicados para buscar una solución para esta situación "tan complicada".

Igualmente, en el encuentro se reiteró la petición de amparo a los jueces, "que se haga justicia". A los afectados les "cuesta entender" que un juez embarguen bienes a un ayuntamiento para pagar un derribo de viviendas a una empresa privada mientras "no se toma ni una medida cautelar a favor de los afectados, ni para pagar los daños morales, que llevamos años esperando a que se paguen".

En la reunión se acordó igualmente la necesidad de incidir en actos como el de hoy con el fin de "enseñar la injusticia que se está cometiendo y que se tiene que acabar lo antes posible".

Vilela recordó que lo que demanda AMA es que "esto no vuelva a ocurrir nunca más en Cantabria. Queremos seguridad jurídica para todos los que vivimos en esta comunidad a la hora de comprar una vivienda", concluyó.

Finalizada la reunión, los afectados se concentraron en la rotonda de Argoños con una pancarta que decía 'Somos inocentes, ¿por qué nos derriban?'.