A la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, le gustaría "ver" al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno regional, José María Mazón, "defendiendo las soluciones para las víctimas de las sentencias de derribo con el mismo entusiasmo y fuerza" con que "lo está haciendo" con la variante Este de Comillas, obra promovida por el Ejecutivo autonómico y que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por su impacto ambiental.

Así lo manifestó AMA en un comunicado en el que abogó por reflexionar "qué está pasando con la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC". "¿Quién legisla y quién gobierna en Cantabria? ¿Cuántos Parlamentos tenemos?", se cuestionó, al tiempo que reseñó que "no existe un gobierno con más sentencias en contra por metro cuadrado que el de Cantabria".

"Ni en los tiempos gloriosos de Hormaechea había tantas sentencias", expresó este colectivo, que también se cuestionó "qué falla", si los que gobiernan, los que legislan, los que juzgan o "todos" ellos.

AMA también informó de que el próximo domingo, 21 de marzo, celebrará una reunión y concentración a las 11 horas en el Ayuntamiento de Argoños. En el encuentro se dará cuenta de las últimas reuniones mantenidas con el Gobierno y los ayuntamientos.

Asimismo, se reforzará la junta directiva de AMA, que se reestructurará y contará con nuevos miembros. En la reunión se abordarán nuevas actuaciones que puedan "ayudar a salir del impás" actual, ya que "se corre el riesgo de tirar por la borda muchos de trabajo" y, también, "muchos recursos" de la Comunidad.

Demasiada interpretación de la ley por parte del gobierno

Tras destacar la "importancia" de conseguir normas jurídicas "seguras" y considerar que la "legislación no es la adecuada" ya que "deja demasiado lugar a la interpretación del Ejecutivo", AMA ha trasladado a la Administración autonómica varias iniciativas, de interés general y correctoras, para dotar de una "mayor seguridad jurídica" a las normas que se apliquen en el ámbito de Urbanismo.

Entre las medidas de carácter general se incluyen los "graves problemas detectados", y que son la "indefensión", la "inseguridad jurídica" y la situación de "injusticia" que caracteriza a los afectados por sentencias de derribo.

En el apartado de medidas correctoras, AMA propone la creación de un registro de demandas público mediante anotación preventiva que sea "obligatoria" en el Registro de la Propiedad; la "obligación" de los notarios de comunicar, al elevar a escritura pública el contrato privado, las cargas que tiene esa propiedad; y la "obligación" también de las distintas administraciones (Estado, Comunidad, ayuntamientos y Justicia) de comunicar a terceros la situación jurídica de su propiedad y asumir sus responsabilidades en el caso de no hacerlo o realizarlo erróneamente.

Por último, también piden que los afectados "no tengan que soportar la condena que corresponde a las administraciones públicas" de forma que "no sea posible derribar una vivienda de una familia" que ha comprado "con todos los permisos" sin que previamente se satisfagan los daños morales y el valor del patrimonio perdido.

En este sentido, AMA muestra su "honda preocupación" por la "grave situación" en la que se encuentran muchas familias, con problemas físicos y psíquicos derivados de las sentencias de derribo, por la "injusticia e incertidumbre que pesa sobre sus viviendas durante más de una década", a lo que se suma la crisis económica.