El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, aseguró hoy que el recurso que ha anunciado el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anula el trazado de la Variante de Comillas supone "condenar" a la villa a no tener solución para su problema con los accesos "en muchos años".

En rueda de prensa, Diego enfatizó que Comillas "necesita una mejora en sus accesos", sea esta variante u otra fórmula, y calificó de "irresponsable" el recurso anunciado por el Ejecutivo regional.

Y también reprochó al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla y del consejero de Obras Públicas, José María Mazón, las críticas de su reacción a la sentencia, que contrapuso con la satisfacción del Gobierno al archivo de la investigación abierta contra el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

"¿Quién puede fiarse del celo ambiental del Gobierno de Cantabria?", se preguntó Diego, que se remitió a lo sucedido en otras carreteras en los que el Gobierno "desoye" las indicaciones ambientales "de otra parte del Gobierno", en alusión a la Consejería de Medio Ambiente.

El presidente del PP citó expresiones recogidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que aludían al impacto ambiental "irreversible", la "seria amenaza" a espacios protegidos o los efectos "devastadores" sobre las cuevas del Portilla.

Sobre esta cuevas que tienen arte rupestre, el presidente del PP cántabro indicó que "deberían estar protegidas" y que, si no lo están, es por la "negligencia" del Gobierno de Cantabria.

Por eso el PP llevará este tema al Parlamento con una interpelación que esperan que conteste directamente el presidente Revilla, al ser el "coordinador" del Gobierno y ser este un problema que implica a cuatro consejerías: Obras Públicas y Medio Ambiente, pero también Cultura por los efectos sobre el patrimonio y Economía, por haber "tirado" el dinero.

Diego recordó la situación de la carretera Aes-Barros, llevada a la Fiscalía por cuestiones ambientales, paralizada al faltar el permiso de la Confederación Hidrográfica del Norte y en la que los gastos han pasado de los 12 millones de euros presupuestados inicialmente a los 40.

El PP se preguntó si alguien en el Gobierno de Cantabria va a "asumir responsabilidades" por "estas tropelías" que "cuestan mucho dinero" a los cántabros.