Farrús abona la fianza de 100.00 euros dictada por la jueza para eludir la cárcel

El propietario de Canal 4 y de Serveis Balears de Televisió (SBT), Jacinto Farrús, hizo efectiva esta mañana mediante aval bancario la fianza de 100.000 que dictó la jueza de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, para eludir la prisión provisional, tras tomarle declaración en el marco del caso Voltor.

Así lo confirmó a Europa Press su abogado, Llorenç Salvà, quien informó que recurrirá en reforma el auto en el que la magistrada dictó dicha fianza al estar disconforme.

De esta forma, Farrús ha sido el primero de los cuatro imputados que fueron detenidos el pasado lunes en la segunda fase de la Operación Voltor. Así, el ex conseller de Turismo, Francesc Buils, y los dos propietarios de la empresa informática Minser también fueron detenidos junto a Farrús por su presunta implicación en este caso.

Sobre todos ellos la jueza decretó el miércoles prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. El plazo para depositar las fianzas finaliza hoy a las 13.00 horas.

Así, fuentes judiciales informaron a Europa Press que a lo largo de la mañana serán depositadas el resto de fianzas de los otros tres imputados.

En relación a los delitos que pesan sobre los imputados, en el caso del ex conseller de Turismo pesa un delito continuado de defraudación a las arcas públicas, malversación de caudales públicos y otro continuado de cohecho, mientras que a Farrús y a los dos empresarios de Minser se les atribuye también un delito electoral, además de un delito continuado de defraudación a las arcas públicas, cohecho y malversación de caudales públicos.

La magistrada encargada del caso decretó asimismo la retirada del pasaporte de todos ellos, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Juzgado.

El procedimiento, que se encuentra bajo secreto de sumario, investiga un presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a Unió Mallorquina (UM) en forma de contratos y subvenciones irregulares. Así, la operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 10, suma una veintena de arrestados desde que fuese abierta el pasado 3 de febrero, entre ellos ex altos cargos del Govern y ex dirigentes 'uemitas'.

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