Según informó UPN, durante la tramitación de dicho proyecto de ley en el Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios que, al hilo de abordar el viejo problema de la intervención de los graduados sociales en el recurso de suplicación ante la jurisdicción social, generó una importante preocupación entre los abogados españoles y otros juristas sobre su afección al derecho de defensa garantizado constitucionalmente.

En el trámite en el Senado, María Caballero, "haciéndose eco de esa preocupación, presentó seis enmiendas que sirvieron para aprobar un texto diferente consensuado con todos los grupos que, sin merma de la participación de los graduados sociales en el recurso de suplicación, garantizase el derecho de defensa de los ciudadanos consustancial a la tutela judicial efectiva, con una formula aceptada también por abogados y graduados sociales".

Con dicho texto transaccional, añadió UPN, se cerraba de forma satisfactoria para todos los intervinientes, ante la Administración de Justicia, un viejo conflicto sobre atribuciones profesionales que afectaba a los derechos de los ciudadanos, "posibilitando que la representación técnica en el recurso de suplicación pueda ser ejercida por los graduados sociales y garantizando que el ejercicio de la defensa jurídica corresponde a los abogados".