El Partido Popular ha registrado en el Parlamento cántabro peticiones de información sobre la marcha y coste de las obras del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para poder así calcular cuál es el desfase económico y "prepararse" para la firma del convenio de financiación por parte del Estado.

Y es que, la diputada regional y secretaria general de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, está esperanzada en la firma definitiva de ese convenio, pero no porque confíe en los Gobiernos central y regional, sino por la "presión política" ejercida desde el PP en Cantabria y en Madrid, que "comienza a dar frutos".

"La voluntad política de Zapatero era no firmar el convenio, y desde Cantabria le han puesto las cosas todo lo fácil que se ha podido. Pero la labor de presión política del Partido Popular está dando sus frutos", aseguró en rueda de prensa.

Así, se refirió en concreto a la moción 'popular' aprobada a finales del pasado año en el Senado que "obliga" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a firmar el convenio que asegure la financiación íntegra de las obras del Plan Director.

Según explicó, tanto el presidente español como el jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, "son conscientes de que ese convenio se va a firmar, porque si ellos no lo hacen, lo hará el Partido Popular".

A su juicio, Zapatero y Revilla, que se mueven con "intereses electorales", "a corto plazo no se pueden presentar con las manos vacías a las próximas elecciones" y, con eso, unido a la "presión" del PP, ve "muy posible" que se firme el convenio.

Ahora bien, afirmó que cuando se firme el convenio, "nadie podrá considerarlo como un mérito, sino como el cumplimiento forzoso y tardío de una obligación debida a Cantabria y como la reparación de un agravio y tres años de abandono y graves perjuicios a los cántabros".

Cuantificación del desfase

Desde la convicción de que el convenio llegará, Sáenz de Buruaga opinó que "hay que prepararse para la firma" y para ello piensa que lo esencial es cuantificar cuál es el desfase de las obras que, en su opinión, "va a superar con mucho los 100 millones de euros".

Con ese fin, la diputada ha solicitado en el Parlamento información que "nadie da a conocer voluntariamente", para cuantificar con "rigor y transparencia" el desfase.

En concreto, los populares demandan información sobre los reformados, modificados y contratos varios de las obras de la Fase III, y también quieren saber qué partes están pagadas, qué partes están pendientes de pago y todos los datos relativos a las Fases I y II.

Según dijo, si hasta la fecha ya se han gastado en las obras del hospital 237 millones de euros y el convenio inicial recogía 205 millones, ya hay un desfase de 32 millones que han tenido que adelantar los cántabros. Pero además, recalcó que la Fase III, que está "prácticamente sin gastar ni pagar", tendrá un coste de unos 100 millones de euros.

"crisis añadida" para cantabria

Sáenz de Buruaga lamentó que el adelanto de esos 32 millones de euros que el Estado "debe" a Cantabria y el Gobierno regional no exige porque "le falta coraje y le sobran hipotecas" supone "muchos sacrificios y renuncias" para los cántabros, que además de "soportar una crisis económica propia" tienen que "soportar y financiar la crisis añadida que generan los incumplimientos de Zapatero".

De hecho, aseguró que esos 32 millones que el Estado ha "arrebatado" a los cántabros con la "perpetua sumisión" del Ejecutivo autonómico se "detraen" del presupuesto sanitario, que "se resiente", y lamentó que podrían destinarse a evitar los "recortes" en personal o pagos a proveedores; a atajar las listas de espera; o a construir el hospital de Castro Urdiales o los centros de salud pendientes.

Para la diputada del PP, el adelanto del desfase de las obras de Valdecilla es un coste que los cántabros no pueden ni deben "asumir desde la normalidad ni la resignación" y que "ningún Gobierno autonómico medianamente normal habría consentido".

Cinco años de retraso

Y junto a los perjuicios económicos para los cántabros, Sáenz de Buruaga criticó también el retraso en las obras, en las que "no se ha cumplido ni un solo plazo" y tampoco cree que se cumpla el de finales de 2010.

En este sentido, remitió a una resolución publicada en febrero por el Servicio Cántabro de Salud para contratar el seguimiento y control de las obras de la Fase III, con un plazo de ejecución de 36 meses prorrogables, lo cual, según la diputada del PP, lleva la finalización de las obras hasta 2012, con "cinco años de retraso".

A su juicio, esa resolución "revela la continua improvisación, la grave descoordinación y el auténtico descontrol" en la Fase III, que además, opinó que se ha hecho "casi a remiendos".