En un acto organizado por la Consejería de Vivienda, al que acudieron los diferentes colegios profesionales de los sectores relacionados con la actividad inmobiliaria, señaló además que abre posibilidades para que en los próximos años "se generen viviendas a precios asequibles suficientes para atender a todos los demandantes que se van a producir en cada municipio, de forma organizada y con un plan económico de ayudas potente".

El consejero detalló a los asistentes los aspectos más relevantes de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda y destacó que gracias a este nuevo marco "se regula de forma pionera en España el cumplimiento efectivo de derecho constitucional y estatutario de acceso ciudadano a una vivienda digna y a un precio asequible".

De este modo, animó a los colegios profesionales a analizar las posibilidades legales de esta nueva normativa y al debate sobre la construcción de viviendas protegidas (VPO) como respuesta a la demanda de los ciudadanos. Señaló que la construcción de VPO junto con los programas de rehabilitación, "significan generación de empleo y nuevas oportunidades de negocio para el sector de la construcción".

Esta norma, según indicó Espadas, "promueve el acceso a una vivienda de forma preferente a las familias con ingresos inferiores a los 36.000 euros anuales" (5,5 veces el Iprem), actual umbral económico fijado en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para acceder a una VPO.

Además, con el objetivo de evitar el excesivo endeudamiento, el nuevo marco legal pone límites al esfuerzo económico que cada familia podrá asumir para acceder a una vivienda, estableciendo que las ayudas públicas tendrán que garantizar que no tengan que destinar más de un tercio de su renta en el caso de la compra o de un cuarto en caso del alquiler.

Uno de los aspectos importantes que incluye la nueva norma y que ya está en marcha son los Registros Municipales de Demandantes de VPO. Espadas explicó que esta herramienta es "el principal mecanismo para determinar de forma real y efectiva la demanda de viviendas en cada municipio". A través de los registros, "se conocerán las características, la tipología y la superficie de los inmuebles que los ciudadanos necesitan, además, serán piezas claves para elaborar los planes municipales y autonómicos de vivienda y suelo".