El PP-A consideró una "demagogia absoluta" que la Junta hable de demoliciones exprés y consideró que el reglamento de disciplina urbanística aprobado hoy por la Junta "llega 30 años tarde", según indicó la portavoz popular de Vivienda en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, quien criticó la "falta de seriedad" de la junta en ese sentido.

En declaraciones a Europa Press, Martínez consideró que este reglamento "llega 30 años tarde y parece más de lo mismo", tiempo durante el que la Junta "ha estado aplicando un reglamento preconstitucional", tras lo que aseguró que "hoy quedan vigentes reglamentos desde 1978, como son el de planeamiento y el de gestión urbanística".

Por ello, lamentó que el gobierno socialista de la Junta "ha dejado pasar el tiempo, ha mirado para otro lado dejando hacer y dejando crecer un problema importante en Andalucía como es el de las parcelaciones ilegales".

Aunque reconoció que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya preveía desde 2002 el desarrollo y actualización de dicho reglamento y otros nuevos, finalmente "se ha tardado ocho años para hacer un reglamento para atajar un problema que no tiene solución".

Asimismo recordó que la Comisión Europea "ha valorado negativamente el problema de la construcción indiscriminada en el litoral" y agregó que el Defensor del Pueblo andaluz, en su informe sobre la ordenación del territorio "llama verdaderamente la atención sobre el problema que ha generado la falta de una política activa en materia de ordenación del territorio y urbanismo", de forma que el Defensor estima que hay unas 1.000 urbanizaciones ilegales con unas 300.000 viviendas, en lo que supone "un problema que afecta a casi un millón de personas en la Comunidad".

"Chiclana, Conil, el Alto Almanzora y la Axarquía y muchos municipios de interior se han visto afectados por este problema de parcelaciones ilegales, en muchos casos derivado de la falta de control municipal y en todos los casos por la pasividad de la Junta, unido ello a la inseguridad jurídica; todo ello ha generado situaciones insostenibles, con sobreexplotaciones de acuíferos y falta de equipamientos".

"Se ha construido sin control en zonas inundables y todo ello bajo la irresponsabilidad de la Junta, y eso no se puede arreglar con un reglamento que desarrolla la LOUA", añadió Martínez.

Para el PP-A "es necesario dar paso más allá y un cambio real, pues no se puede seguir en la línea que lleva la Junta, que ha permitido lo que ha pasado, pues hay 60 alcaldes imputados por delitos urbanísticos en Andalucía".

Por ello, anunció que el PP-A está trabajando en una proposición de Ley del Territorio y las Ciudades Andaluzas que aborde la regularización de parcelaciones ilegales "teniendo en cuenta que muchas de ellas obtuvieron el visto bueno de las comisiones provinciales de urbanismo".

En ese sentido, formaron un grupo de trabajo con representantes de los municipios y expertos para preparar esta propuesta normativa.

"nueva clase de suelo"

"Tiene que haber una nueva clase de suelo que se identifique con huertos de recreo que muchas familias andaluzas han construido con los ahorros de su vida", aseveró Martínez, quien precisó que "no se trata de amnistía urbanística sino de salvar a terceros de buena fe que obtuvieron licencias y que, debido a la inactividad de la Junta se ven envueltos en procesos penales".

Asimismo, tras recordar que la Junta hace hincapié en la posibilidad de demoliciones exprés, Martínez consideró que "hasta ahora hay instrumentos legales más que suficientes para tener controlado el urbanismo en Andalucía, pero no se ha hecho nada".

"Si la Junta no demuele el Algarrobico, no sé como puede hablar a tantas familiar de demoliciones exprés", aseveró la dirigente popular, quien consideró necesario ver el problema "con otra óptica y exigir responsabilidades donde las haya".

Agregó que la Junta "tiene toda la responsabilidad en la política de ordenación del territorio y los planeamientos de las ciudades", tras lo que aseguró que "sólo el diez por ciento de municipios andaluces tiene su plan adaptado a la LOUA y esto significa que en muchos casos los andaluces han ido por delante de la Junta y de los ayuntamientos".

"El daño que la inactividad de los gobiernos socialistas ha hecho al medio ambiente y al territorio es irrecuperable", aseveró Martínez, quien se mostró a favor de las demoliciones exprés "cuando las obras sean ilegales" pero advirtió de que "hay muchas edificaciones sobre las que se deben depurar las responsabilidades oportunas".