EUPV lamenta que el Gobierno haga "caso omiso" a vecinos y CVC y siga adelante con la cárcel de Siete Aguas

El diputado autonómico del grupo No Adscritos y miembros de EUPV Lluís Torró lamentó que el Gobierno haga "caso omiso" a los vecinos de Siete Aguas (Valencia), a "centenares" de expertos y al Consell Valencià de Cultura (CVC) que denuncian la construcción de una prisión en el término municipal y criticó que el Consell "no busque un lugar alternativo".

Torró realizó estas declaraciones en un comunicado tras la adjudicación de las obras de construcción y las instalaciones de seguridad del Centro Penitenciario de Levante II en Siete Aguas, por un importe de 86,75 millones de euros, a las empresas Sacyr Vallehermoso e Indra.

Para Torró, el Consell debe "implicarse" en este asunto porque la adjudicación "llena de preocupación" a los vecinos de la zona. Asimismo, explicó que "centenares" de expertos y el propio Consell Valencià de Cultura (CVC) "han alertado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de trasladar la instalación a un lugar alternativo por preservar la actual zona de alto valor medioambiental y paisajístico".

Torró indicó que el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, formuló una serie de preguntas al respecto en la Cámara baja y criticó que "poco ha hecho al respeto el Gobierno Central, más bien al contrario" porque "ha desoído las reivindicaciones de la plataforma vecinal y del CVC y ha seguido con su idea, adjudicando la prisión y pretendiendo acelerar la obra".

Esquerra Unida subrayó que la zona de Siete Aguas tiene "un rico potencial turístico de interior" y aseguró que "no tiene ningún sentido destruir su riqueza medioambiental para ubicar una prisión". "Lo que debería de hacerse es proteger esta zona, revalorizar su patrimonio medioambiental y su potencial turístico, y no convertir una vez más el interior" de la Comunitat Valenciana "en el lugar donde colocar todas aquellas instalaciones que no quiere la costa".

Llamazares trasladó hace un año al Congreso de los Diputados un serie de preguntas sobre esta obra para averiguar los motivos que han llevado al Gobierno a elegir esta zona para ubicar la prisión y si existían otras alternativas.

El diputado también preguntó respecto al hecho de que la prisión se ubique en el perímetro de seguridad de la Central Nuclear de Cofrentes y de cómo se resolverá entonces la posibilidad de evacuación ante una emergencia. Otra de las cuestiones giró en torno a si se ha tenido en cuenta el peligro de incendios forestales en la zona.

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