La Xunta registró en dos semanas un total de 326 facturas presentadas de forma telemática por sus proveedores, a través del registro electrónico puesto en marcha en febrero con este fin, según avanzó hoy la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás.

Durante su intervención en un acto de la Plataforma Gallega de Asociaciones Proveedoras de la Construcción (Pgaproc) y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), la titular de Facenda destacó que este nuevo sistema, al que seguirá la plataforma de licitación electrónica, está "funcionando a la perfección".

"La Xunta no quiere que cierren más empresas por culpa de los impagos y los retrasos", afirmó Fernández Currás, en alusión a que el Gobierno gallego se compromete a pagar a sus proveedores en 45 días, 15 por debajo del máximo legal.

Además, indicó que, en una segunda fase, la Xunta estudia la implantación de mecanismos para agilizar el pago de las empresas proveedoras de la Xunta —la mayor parte de ellas de tamaño grande— a las que, a su vez, las proveen a ellas, que son pequeñas y medianas empresas (pymes)."Somos conscientes de que no deberíamos quedarnos ahí", afirmó, en alusión al registro electrónico de facturas.

Fernández Currás sugirió a las pymes que "ensayen fórmulas asociativas" para mejorar su acceso a la contratación pública, en respuesta a preguntas acerca de si la administración gallega debería fomentar los contratos con este tipo de empresas, que constituyen la mayor parte del tejido gallego.

Junto a la conselleira comparecieron los portavoces de las plataformas, Manuel Espiño (Pgaproc) y Pedro Torres (PMCM), quien dijo que, con el sistema gallego de registro electrónico de facturas, se evita la "picardía" en torno a la fecha que se considera para comenzar a contar los 60 días de máximo que la legislación establece para el pago de la administración pública a sus proveedores. Asimismo, indicó que cada gestión que se resuelve por vía telemática supone un ahorro de 2,95 euros.

Reforma de la ley de morosidad

Por su parte, empresarios integrados en estas plataformas presentaron sus demandas para la reforma del la Ley de Morosidad, que se votará el próximo 23 de marzo en el Congreso, e hicieron un tramo del Camino de Santiago para pedir al Apóstol que se admitan sus alegaciones.

Entre las peticiones de los proveedores están que se elimine la cláusula que permite, mediante la fórmula de un pacto entre las partes, que los pagos se demoren más de lo que establece la norma; así como que se establezca un período máximo de 30 días de facturación desde la entrega de los bienes; el límite en 60 días naturales para el abono de las facturas a partir de la fecha de expedición. Estos empresarios reclaman también que se indiquen los conceptos que pueden ser objeto de indemnización y que se establezca un tipo mínimo de interés de demora con carácter irrenunciable.