En declaraciones a Europa Press, Gayoso pedirá "agilidad" en la tramitación del expediente abierto en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), de forma que en la documentación que aportará a la Eurocamara, se incluye un informe elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que "avala mi tesis sobre las tarifas abusivas".

"Es una vergüenza que estemos en una región donde los derechos de los consumidores nunca van a ninguna parte", recordó Gayoso, quien recordó que las quejas sobre las tarifas se efectuaron en mayo de 2009 "y la APPA nunca me ha comunicado cómo iba la denuncia".

Gayoso mostró su esperanza en el Parlamento Europeo y recordó que desde septiembre "tengo mi barco secuestrado y sin poder acceder a él".

Recordó que la Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (Anumic) se constituyó "para defender a los usuarios", ante lo que "me hicieron la vida imposible y vulneraron nuestros derechos de asociación". "Actuaron bajo el ordeno y mando disfrazando mi expulsión con presuntos incumplimientos, han actuado como si fuera un cortijo", aseveró Gayoso.

"Está vulnerando derechos fundamentales e importantes de la Constitución, tanto individuales como de un colectivo como es la propia asociación", agregó este portavoz, quien reconoció "haberlo pasado mal estos meses", aunque se mostró ilusionado por la respuesta del Parlamento europeo.

El pasado mes de septiembre, el portavoz de la Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (Anumic), Felipe Gayoso, denunció "ante el Juzgado de Guardia de Ayamonte y la APPA, a Isla Canela SA", empresa gestora del puerto de la misma localidad onubense, por considerarse "represaliado" tras la manifestación y las denuncias que puso contra la empresa del puerto ante la Junta de Andalucía por "tarifas abusivas" y que "han intentado de enmascarar estos motivos que no han comunicado".

Así, en septiembre Gayoso tras renovar su contrato anual de atraque en el puerto, recibió un fax por parte de la empresa gestora en el que le comunicaban que "no era oportuno renovarle el contrato", según explicó el portavoz, quien criticó que "no quieren decir públicamente que es por represalias por las actuaciones contra el puerto al denunciarlos y alegan que ya notificarán los motivos".