Según el Ministerio Público, los dos principales imputados, F.M.F. y M.E.E.S., se dedicaban, al menos en el segundo semestre de 2008, a la venta cocaína y hachís en Gijón, que previamente les era suministrada por el también imputado A.A.H., de nacionalidad marroquí y que regentaba un bar en el barrio de La Calzada, en el que también traficaba con hachís.

Fruto de las investigaciones del el Grupo de estupefacientes de la Comisaría de Gijón del Cuerpo Nacional de Policía, se pudo averiguar que, el 28 de febrero de 2009, el dueño del establecimiento iba a recibir un cargamento de droga de sus proveedores y que también había quedado con F.M.F. para trasladarle parte del hachís.

La cita se produjo en la casa del ciudadano marroquí, en Lavandera. No obstante, dado las características del lugar, los principales imputados se dieron cuenta de la presencia policial y dieron la voz de alarma. Aunque el gerente del bar pudo huir, no así los dos hombres que habían trasladado la droga hasta la vivienda, donde se hallaron 208 tabletas de hachís de un peso neto de 20.040 gramos.

Poco después fue detenido del dueño del establecimiento cuando abandonaba su local y al día siguiente los dos principales imputados. A estos últimos, entre otras cosas, se les intervino 16.562 gramos de hachís, de características similares a la incautada en Lavandera.

Según la Fiscalía, la totalidad del hachís intervenido alcanzaría un precio final en su venta directa al consumidor de 188.700 euros, mientras que el montante global del dinero ocupado a estos acusados fue de 7.130 euros, procedente del tráfico de drogas.

Dentro de la operación fueron detenidos también otros dos hombres que comparaban la droga para luego revenderla. En esa práctica, una de los imputados era ayudado por su compañera sentimental, mientras que hubo otro detenido más por colaborar en la plantación de marihuana que tenían en una vivienda de Gijón. En total, se hallaron diecisiete plantas de marihuana y veintidós esquejes con un peso neto total de 454 gramos. Durante los registros se intervinieron además distintas cantidades de droga.

En concreto, la Fiscalía solicita para los acusados F.M.F. y M.E.E.S. una pena para cada uno de siete años de prisión y multa de 400.000 euros, mientras que para su proveedor, A.A.H., pide cuatro años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros, así como el comiso del establecimiento y del vehículo y la prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de hostelería por un período de 5 años.

Para K.M. y A.A., pena, para cada uno, de cuatro años de prisión y multa de 400.000 euros y para I.D.R. pide seis años de prisión y multa de 5.000 euros. En el caso de D.G.R., la pena solicitada es de cinco años de cárcel y 4.000 euros de multa y, en el de B.S.F. la condena pedida es de cuatro años de prisión y multa de 2.000 euros. El fiscal, además, solicita a J.C.C. dos años de cárcel y 2.500 euros de multa.