Bravo se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de asistir a la toma de posesión del cargo de Carmen Llombart como presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, al ser preguntada por el momento en que se encontraba este proceso.

Al respecto, la portavoz del CGPJ puntualizó que los trámites "se van realizando conforme marca la ley", y recordó que, después de que Margarita Robles, una de las tres personas recusadas por Garzón, manifestase por escrito su voluntad de apartarse de tomar una decisión, "ahora los otros dos —Fernando de Rosa y Gemma Gallego— también pueden alegar lo que estimen oportuno", dijo.

Aseveró que en este proceso "se aplicará la ley de procedimiento administrativo" y, conforme establece esta normativa, "se tiene que suspender el trámite sobre el fondo, es decir, la posible suspensión o no de Garzón, hasta que se resuelvan las recusaciones". En este punto, avanzó que "seguramente" será en el próximo pleno cuando el Consejo resolverá las recusaciones planteadas.

Preguntada por la declaración institucional que realizó el Consejo esta semana, indicó que ésta "ha sido entendida y comprendida por todo el mundo". Reiteró que la declaración fue la respuesta al conjunto de manifestaciones, opiniones y entrevistas que "de alguna forma habían incidido y creado este ambiente de crítica sistemática a las instituciones".

Aclaró que no se respondía "a nadie en concreto", sino "al conjunto de críticas sistemáticas que más allá del legítimo derecho a la libertad de expresión, se estaba atacando a instituciones tan básicas y fundamentales del Estado de Derecho como es el Poder Judicial", dijo.