El objetivo de estos protocolos de colaboración es "impulsar y consolidar, en las administraciones públicas, las estructuras de promoción del valenciano que faciliten el uso en esas administraciones, en sus relaciones con los ciudadanos y en la proyección social", según informó la Generalitat en un comunicado.

Para ello se pretende la realización de proyectos, estudios y actividades que promuevan el conocimiento y el uso del valenciano en todos los ámbitos sociales a través de una red de oficinas de promoción del valenciano que aglutinaría "cualquier tipo de servicios lingüísticos con idéntico objetivo".

Las actuaciones y servicios que han de llevar a cabo las instituciones firmantes de este protocolo han de comprender la organización conjunta de actividades y programas relacionados con la normalización del valenciano en los diferentes ámbitos de uso social.

Además, deben asesorar en aquellas cuestiones relacionadas con las funciones propias de las Oficinas de Promoción del Valenciano (OPV), así como acercar la actuación administrativa de promoción del valenciano a la ciudadanía.

También potenciarán las OPV y otros servicios lingüísticos como centros de dinamización social del valenciano y favorecerán la consolidación como centros de referencia en cuestiones de normalización lingüística, así como participarán en los estudios sobre la situación del uso del valenciano en el ámbito competencial que han de identificar los factores sociales, culturales y económicos que condicionan la dinámica.

Del mismo modo, las instituciones harán propuestas de actuación sobre las estrategias y las inversiones que hay que realizar tanto en las actuaciones de carácter municipal como en las de ámbito supramunicipal; llevarán a cabo actuaciones de carácter promocional que dinamicen el uso del valenciano en el ámbito municipal y supramunicipal, así como difundirán la normativa lingüística de la Academia Valenciana de la Lengua.

Para la coordinación y seguimiento de este protocolo de colaboración se designará una comisión formada por dos representantes de la Conselleria de Educación, dos de la AVL y tres de las entidades locales que serán elegidos entre aquellos que se adhieran a estos protocolos.