UPA-Uce Extremadura pide la creación de un consejo nacional de vitivinicultura y medidas como la destilación de crisis

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-Uce Extremadura pidió hoy a la Administración la creación de un consejo nacional de vitivinicultura, así como la aplicación de una serie de medida, como la destilación de crisis, para paliar la situación "tan complicada" por la que atraviesa el sector del vino en la región.

La organización agraria explicó que desde el inicio de la campaña la bajada de precios "ha sido generalizada". En particular, añadió que la venta de uva de viticultores a las bodegas privadas "se ha cerrado con precios hasta un 35 por ciento más bajos que los de hace un año".

Además, esta disminución se está consolidando con la venta de vino, donde se están registrando bajadas del 30 por ciento con respecto a la última campaña, según indicó UPA-Uce Extremadura en nota de prensa.

Apuntó que esta bajada de precios se debe a la paralización en el mercado de cara a la exportación, la cual bajó casi un 10 por ciento en 2009, y al consumo nacional, que también ha bajado en torno a un 10 por ciento.

Sin embargo, estos descensos "no justifican la bajada tan importante" de precios que se ha producido, ya que la campaña pasada, que "no se puede calificar de gran producción", se contabilizaron 36 millones de hectolitros a nivel nacional y tres millones en Extremadura. Por tanto, "esto no justifica la paralización que está habiendo en la comercialización".

Ante esta situación, UPA-Uce Extremadura consideró "necesario" un diálogo de todo el sector que debería realizarse en el marco del consejo español de vitivinicultura, el cual, "todavía no se ha creado", y en el que "deberían estar representados" los productores, las administraciones, el sector industrial y las comunidades autónomas para "consensuar medidas de cara a sacar adelante este sector, que es el objetivo de todos".

En este contexto, añadió, UPA-Uce cree "imprescindible" poner en marcha una serie de medidas encaminadas a modificar el Plan Nacional de Apoyo al sector vitícola, definido por la nueva OCM.

En concreto, señaló que estas medidas pasan por establecer una "destilación de crisis", como se ha pedido a nivel nacional por parte de todas las organizaciones agrarias y cooperativas, para que se puedan destilar en torno a 2,5 millones de hectolitros en todo el país con la intención de "dar salida a la situación de paralización que se está dando en el mercado".

Promoción a terceros

Igualmente, indicó que es "necesario" sacar el presupuesto para esta "destilación de crisis" del destinado a la promoción a terceros países, con el fin de "no restar" dinero a otras "medidas del sobre nacional" como la encaminada a la reestructuración y reconversión del viñedo o a la destilación de alcohol de uso de boca, "cuando el presupuesto de la promoción seguramente no se gastará por completo, como ya ocurrió en 2009".

Todo ello, explicó, porque el objetivo es "no restar dinero a los agricultores" con respecto a lo que ya cobraron en la pasada campaña y, por otra parte, obtener un "compromiso" por parte del sector industrial de participar en los acuerdos de futuro para este sector, sin buscar su beneficio a corto plazo.

"Es imprescindible", además, que "todas las partes" se impliquen para que esta destilación de crisis "pueda salir adelante con presupuesto suficiente", el cual debe ser de "más de 40 millones de euros para que sea efectiva", sentenció.

Por otra parte, UPA-Uce apuntó que hay que modificar la reglamentación de la promoción en terceros países y que estos fondos se pueda invertir también en la promoción en países de la Unión Europea (UE) ya que, en tiempos de crisis, las bodegas "no tienen capacidad económica de dar el salto a nuevos mercados".

Además, la organización agraria señaló que el sector del vino "también necesita" que se reactive la ayuda al almacenamiento privado, un mecanismo que "está funcionando en otros sectores para regular el mercado, algo necesario también para los viticultores".

Por ultimo, UPA-Uce destacó que "no se pueden liberalizar" las plantaciones de viñedo, como está previsto hacer en 2016, ya que las viñas "son el único patrimonio" que tienen los agricultores y no se puede "eliminar el único mecanismo" que "queda para contener la producción". Por tanto, "se deben mantener los derechos de plantación porque son necesarios para los agricultores y para la regulación del mercado", concluyó.

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