ATAN, en un comunicado, ha subrayado que "transcurrido el plazo legal" y ante el silencio de la Consejería que "obstaculiza" el acceso a la información, la organización "ha tenido que acudir a la vía judicial para que sean los Tribunales quienes obliguen al Gobierno de Canarias a cumplir con la legalidad".

Fue a raíz de unas declaraciones de Berriel recogidas por los medios de comunicación en las que dijo que la Proposición de Ley presentada por CC en el Parlamento canario se había hecho "con rigor científico" y en las que aseguraba, además, que la Consejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Biodiversidad y de la Dirección General del Medio Natural había "encargado múltiples estudios técnicos que avalaban los cambios en el registro".

El consejero también explicaba que se había invertido "mucho dinero en informes técnicos" que contrastaban "la evolución de todas las especies incluidas en el Banco de Biodiversidad y que permiten conocer la cantidad de cada una de ellas; "el nuevo Catálogo se ha elaborado en base a información técnica de primera magnitud, en la que se incluye una evaluación de especies, con fecha de 2009".

Estas declaraciones motivaron que ATAN solicitase en diciembre de 2009 y enero de 2010 información sobre tales informes así como cualquier documento elaborado por los técnicos del Gobierno que hubieran servido de base para la proposición de un Nuevo Catálogo de Especies Protegidas, sin que a día de ayer, la asociación hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

No obstante, el silencio de esta administración no parece sorprender a los miembros de la asociación pues han señalado que "esta política oscurantista y obstruccionista es lo habitual por parte del Gobierno de Canarias que incumple sistemáticamente sus obligaciones legales de facilitar la información ambiental". También 'comprenden' que se haya utilizado una Proposición de Ley presentada en el Parlamento por la formación política que apoya al Gobierno, CC, evitando así la participación ciudadana y la preceptiva consulta institucional a la que obliga la Ley 27/2006 de 18 de julio.

No para fines particulares

"Por otra parte, es lícito —faltaría más— que cualquier formación política presente sus iniciativas legislativas en base a los argumentos que estimen conveniente y con fundamento en el asesoramiento o con la documentación que estimen oportuna; cosa bien distinta es que una formación política utilice estudios o documentos financiados con fondos públicos para sus fines particulares, además, como instrumento para lograr la ejecución de proyectos que atentan contra el Patrimonio Natural y que enciman presuman de ello pero no tengan la vergüenza de explicarlo ni facilitar esa información" han subrayado desde la organización tinerfeña.

ATAN, por último, se ha preguntado que si Berriel es incapaz de cumplir con la Ley de Acceso y de Participación en materia de Medio Ambiente, "¿qué se puede esperar de una Ley ideada con la pretensión de salvar obstáculos que retrasen o imposibiliten el desarrollo de planes y proyectos que atentan contra el patrimonio natural de Canarias?".