Los sindicatos realizaron un llamamiento a la participación de ciudadanos y trabajadores en esta protesta, para que se sumen a los paros parciales y concentraciones, en los que reivindicarán "la viabilidad y sostenibilidad de la empresa, con el objetivo de combatir la anunciada condena a muerte de Correos, a la que el Gobierno central parece haber puesto fecha".

Además, los sindicatos exigieron "un cambio de rumbo" por parte de los ministerios de Hacienda, como propietario, y de Fomento, como regulador, para evitar que "el más que probable 'Apagón postal' al que está condenada Correos", según destacaron, la empresa pública más antigua del país, con más de 500 años, y una entidad que da empleo a 67.000 trabajadores

Así, las organizaciones sindicales precisaron que han pasado dos años desde que se inició la legislatura y un año y medio desde que el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Postal. Sin embargo, lamentaron la "ausencia absoluta de diálogo social" por parte de Hacienda y Fomento, y apuntaron que estos departamentos "no han hecho ni una sola propuesta de Ley Postal, ni de Modelo financiero, ni de Plan Estratégico, ni de plan de inversiones".

Por el contrario, censuraron que "se han dedicado a aprobar Decretos Legislativos unilateralmente sin consenso alguno", entre los que citaron las autorizaciones para la entrada de operadores al mercado postal el pasado 5 de febrero.

También criticaron que se han "recortado las inversiones en un 50 por ciento, se ha rebajado en más de 160 millones la financiación del Servicio Público Universal, y se ha bloqueado el Plan Estratégico por disputas políticas entre los dos ministerios".

Estas actuaciones han provocado que la empresa pública se haya "debilitado económicamente, con un déficit de 64 millones de euros para 2009 y 151 para 2010, y un recorte de plantilla en el último año de más de 5.000 puestos de trabajo, que le impedirá ser competitiva y prestar el servicio público en condiciones", según los sindicatos.

Para todos ellos, Correos "tiene los días contados y está abocado a una muerte por asfixia que se va a llevar por delante miles de trabajadores". En este sentido, señalaron que las nuevas medidas anunciadas por Fomento —que incluyen un recorte del 4 por ciento en gastos de personal y la no reposición de vacantes— provocará un nuevo recorte de la plantilla de más de 3.000 empleos.

"Con ello, y el 25 por ciento de recorte de inversiones anunciado que se suma al ya habido, el Gobierno le pone la puntilla al operador, al dejarle sin armas para desarrollar su actividad y prestar su servicio público en un mercado competitivo", apuntaron.

Plan de choque

Los sindicatos convocantes de la huelga reclamaron un Plan de Choque que "garantice la viabilidad de Correos". Para ello, han instado a los citados ministerios a celebrar una reunión para discutir las diez propuestas que le han remitido, así como "las prioridades estratégicas que deben definir el futuro modelo postal español".

A su juicio, esto pasa por "una financiación suficiente, en inversiones y servicio público universal; una regulación necesaria del Servicio Postal Universal, de la competencia, del empleo, y la consolidación de Correos como operador público de referencia, garantizando su viabilidad económica y empresarial".