Durante una visita al municipio grancanario de Ingenio, donde comprobó junto al alcalde, Juan Díaz, el estado de las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, destacó la labor de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, así como las actuaciones judiciales en el caso.

Por su parte, el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, Miguel Ángel Parramón, decretó el pasado domingo 7 de febrero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza a tres de los cinco detenidos —en concreto F.T.B., M.J.G.P. e I.G.H.— por un presunto delito continuado de abuso de menores y por un delito continuado de corrupción de menores, al tiempo que imputó un supuesto delito continuado de abusos sexuales a los otros dos arrestados que han sido puestos en libertad.

Los monitores arrestados, entre los que se encuentran dos mujeres, están relacionados con el conocido gimnasio de artes marciales Torres Baena en la capital grancanaria.

El magistrado estableció una responsabilidad civil de casi tres millones de euros para los imputados en el citado caso a fin de garantizar las posibles indemnizaciones que recibirían las víctimas, que pueden llegar al medio centenar de personas.

Asimismo, los medios de comunicación locales apuntan a que el número de personas que han prestado declaración antes el juez podría ascender ya a 50, aunque no todos los testimonios son de víctimas, sino también de testigos y personas afectadas en su día por los supuestos abusos que han podido prescribir con el paso del tiempo.

Finalmente, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó el pasado 17 de febrero la colaboración ciudadana en relación a la operación 'Kárate', mientras que el abogado de la acusación particular, José María Palomino, consideró esta ayuda "imprescindible" para todos los casos, puesto que podría aportar datos que ayuden al esclarecimiento de los hechos.