El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de San Sebastián ha ordenado al Ayuntamiento de Hernani que anule el acuerdo del Consistorio del 24 de marzo de 1982, por el que se otorgó a la plaza del pueblo el nombre de José Manuel Aristimuño, 'Pana', presunto jefe de un comando de ETA fallecido por disparos de la Policía en Vitoria en 1981, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

A instancias del delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, la resolución judicial obliga a que se anule este acuerdo, después de que ya se hayan retirado las placas y referencias a Aristimuño en distintos puntos del pueblo, en cumplimiento de la Ley 4/2008 de 19 de junio de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

La Delegación del Gobierno había requerido a la Alcaldía del Ayuntamiento que anulara el acuerdo municipal, y ante "la negativa" a hacerlo, el Delegado del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpuso recurso contencioso-administrativo.

De esta forma, se solicitó la nulidad del acuerdo después de que así lo pidieran "los familiares de las víctimas del citado miembro de ETA", y en base a la Ley de Víctimas del Terrorismo.

La alcaldesa de la localidad, Marian Beitialarrangoitia, cumplió cautelarmente las órdenes de la Audiencia Nacional que le obligaban a retirar símbolos y menciones al fallecido miembro de ETA, pero el delegado del Gobierno consideró "insuficiente la actividad desplegada" por la primera edil, que no llegó a anular el acuerdo por el que se concedía a la plaza del pueblo el nombre de José Manuel Aristimuño.

Retirada de toda referencia

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián cree que ha quedado acreditado "que la orden de retirada de las referencias a José Manuel Aristimuño en distintos parques y elementos de la localidad de Hernani se realizaron" por parte de Beitialarrangoita.

Los técnicos de turismo del Consistorio, el jefe de la Policía Municipal y la secretaria municipal declararon que "recibieron la orden" por parte de la alcaldesa "y la cumplieron inmediatamente". De esta forma, certifican que "se han eliminado todas las referencias existentes a Aristimuño".

No obstante, la sentencia afirma que no se ha procedido a la revisión del acuerdo del 24 de marzo de 1982, "en el que sustentaba la denominación litigiosa", ya que "este acuerdo no ha sido anulado" por la regidora, tal como requería Mikel Cabieces. "Es el único elemento que resta a la demandada para el cumplimiento íntegro del mandato", subraya.

Por ello, estima parcialmente el recurso del Abogado del Estado, al estar cumplido en parte el requerimiento, y ordena la anulación del acuerdo de 1982. Contra la resolución judicial cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación.