El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, ha solicitado hoy comparecer en la Comisión Parlamentaria de Presidencia y Justicia para detallar el Plan de Reducción de Cargas Administrativas aprobado recientemente por el Gobierno de Cantabria, con el objetivo de "extender el consenso social alcanzado en la elaboración del documento con un consenso parlamentario, que permita reforzar la eficacia de esta iniciativa".

Así lo anunció tras inaugurar un encuentro sobre 'Mejora de la regulación' en el que han participado representantes de la Administración General del Estado, entre los que se encontraba el recién nombrado director general de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de la Presidencia, Agustín Torres; de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Mediavilla, que detalló a los participantes en el encuentro el Plan de Reducción de Cargas Administrativas autonómico, explicó que tras aprobar el documento, "elaborado junto a los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma", se envió al Parlamento la pasada semana y hoy se solicitó la comparecencia parlamentaria.

Según el consejero, el Plan es un "documento vivo" al que se podrán incorporar las aportaciones que realicen los tres grupos parlamentarios. El consenso, dijo, "reforzaría esta iniciativa, que busca reinventar las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos y, paralelamente, impulsar la competitividad del tejido productivo cántabro en un momento especialmente necesario".

En el encuentro, los representantes de las administraciones estatal, autonómica y local han establecido el plan de trabajo para este año y han analizado la guía metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo.

Plan autonómico

El Plan de Reducción de Cargas, cuya implantación definitiva se prevé para el año 2012, permitirá la reducción, en un 30 por ciento, de la burocracia que soportan los ciudadanos y las empresas en sus relaciones con la Administración. La Consejería de Presidencia cuantifica en 180 millones de euros anuales el ahorro que podría producirse en el conjunto del tejido productivo cántabro, que sería de 3.000 euros para cada PYME al año.

Para la elaboración del Plan, la Consejería de Presidencia ha contado con la colaboración de la CEOE, los sindicatos UGT y CC.OO. y las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega. Además, se ha presentado al Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria, al Pleno de Cámaras de Comercio y a los directores generales de Mejora de la Regulación de la Unión Europea.

Paralelamente, Presidencia ha culminado con éxito una experiencia piloto en el sector del juego, para la que se ha contado con la colaboración de la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras (ACEO). En la actualidad, estas empresas cuentan con una plataforma tecnológica, ya plenamente operativa, que les permite teletramitar la práctica totalidad de los procedimientos administrativos que siguen ante la Administración autonómica.

El Plan de Reducción estipula y detalla los 196 procedimientos sobre los que se actuará a través de una o varias de las cuatro herramientas específicas que fija el documento: mejoras legislativas, eliminación o simplificación administrativa, coordinación entre administraciones y la introducción de mejoras tecnológicas.

En primer lugar, se empezará a trabajar en 23 iniciativas de arranque, entre las que destacan la eliminación de la obligatoriedad de presentar el DNI u otros documentos identificativos, incluido el empadronamiento, en los trámites que se sigan en la Administración autonómica —que se sustituirá por una mera autorización para la verificación de los datos personales— y la supresión de la cédula de habitabilidad de obra nueva