El Ejecutivo recordó que las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas, dirigidas a cubrir gastos específicos e imprevistos para evitar situaciones de exclusión social. Hasta el pasado mes de enero, el principal concepto de gasto cubierto mediante las AES era el de alquiler de vivienda.

A partir de ese mes, cuando se aprobó el decreto de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), el gasto de alquiler se cubre en la mayoría de las situaciones a través de esta ayuda, que es una prestación de derecho y, por lo tanto exigible y de presupuesto ampliable.

De esta forma, el Departamento subrayó que las AES quedan liberadas del pago de alquiler y se pueden dedicar a la finalidad para la que se crearon: resolver situaciones de emergencia, como necesidades primarias o gastos relacionados con el mantenimiento de la vivienda.

La publicación de la Orden aprobada hoy por el Consejo de Gobierno supone el reparto de los 17,3 millones de euros entre todos los municipios de Euskadi para que puedan comenzar a atender las solicitudes que reciben, resuelven y pagan en el mismo ámbito municipal.

Los límites económicos para acceder a la prestación recogen como requisito, entre otros, no disponer en la familia de recursos superiores al 150 por ciento de la cantidad de Renta de Garantía de Ingresos que correspondería a una familia del tamaño de la solicitante de la prestación. Esto establece un máximo de 975 euros en una familia de un miembro, 1.252 para una familia de dos y 1.385 euros como máximo para una familia de tres o más miembros.

De la misma manera que el resto de prestaciones del sistema, su percepción está ligada a la firma de un Convenio de Inclusión que obliga las personas perceptoras a corresponsabilizarse con la administración en un proceso de activación para el empleo o la formación.