Tribunales.- Juez requerirá más información sobre el caso Bazar España al remitirse un expediente "incompleto"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla ha tomado la determinación de requerir al Ayuntamiento hispalense más información sobre el caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense y que causó cinco víctimas mortales, y cuya indemnización ha propiciado que Hacienda reclamara a la familia de una de las víctimas, Ana María Barroso Albarrán, un montante de unos 40.000 euros por haber sido declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla ha tomado la determinación de requerir al Ayuntamiento hispalense más información sobre el caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense y que causó cinco víctimas mortales, y cuya indemnización ha propiciado que Hacienda reclamara a la familia de una de las víctimas, Ana María Barroso Albarrán, un montante de unos 40.000 euros por haber sido declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el Consistorio ha remitido el expediente a petición del juzgado, si bien la representación legal de la familia lo considera "incompleto", ya que únicamente hace referencia al accidente en sí y no a la reclamación patrimonial que en su momento se interpuso, lo que creen clave para el caso que se instruye.

Por ello, según las fuentes consultadas, la familia ha elevado petición al juzgado para que se solicite el resto del expediente, a lo que el magistrado ha accedido de cara a un próximo requerimiento.

La demanda de la familia de la joven se basa en el coste fiscal que para los Barroso Albarrán tiene el "error administrativo" de tramitar la indemnización como una subvención, "ya que a nadie se le subvenciona la muerte de un hijo".

De hecho, la representación legal de la familia critica que cuando el 20 de enero de 2009 se pidió por vía administrativa al Ayuntamiento —que llegó a admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia— el pago de los daños no hubo ningún tipo de respuesta.

La vertiente judicial ya dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", según ya señaló a Europa Press la madre de la joven, Ana Albarrán, que culpó al Consistorio de lo sucedido. Sobre Monteseirín —que el pasado verano aseguró que la fórmula utilizada para el pago fue la que le aconsejaron los técnicos— recalcó que "como alcalde, como político y como persona" le ha decepcionado.

Apostilló, como ya ha hecho en otras ocasiones, que si la situación la obliga a abandonar su domicilio se pondrá delante de las puertas del Ayuntamiento, para dar a conocer su caso.

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