Del total abonado hasta febrero en el conjunto del país, 123,5 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y 37,6 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 138% y del 104%, respectivamente, sobre igual periodo de 2009.

Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.

Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40 por ciento de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.

Entre enero y febrero, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 12.727 empresas, un 79,7 por ciento más que en igual periodo de 2009, y a 31.321 trabajadores, un 77,4 por ciento más.

Cataluña y comunidad valenciana, A

La cabeza

Cataluña y Comunidad Valenciana, como es habitual, concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa durante los dos primeros meses del año. Así, en Cataluña el desembolso fue de 38,2 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 29,3 millones en prestaciones.

Por detrás figuran País Vasco (19,9 millones), Andalucía (15,6 millones), Madrid (10,04 millones), Castilla y León (8,2 millones), Aragón (8,05 millones), Galicia (6,3 millones), Murcia (4,4 millones), Castilla-La Mancha (3,5 millones), Asturias (3,4 millones), Canarias (3,2 millones), Cantabria (2,6 millones) y Navarra (2,4 millones).

A continuación, cerrando la tabla, se sitúan Baleares (2,2 millones), Extremadura (1,9 millones), La Rioja (1,1 millones de euros), y Ceuta y Melilla (26.300 euros).