Alrededor de 500 personas (1.000 según la organización), entre las que se encontraban el presidente de la Junta Local del PP de Palma, José María Rodríguez, se concentraron esta mañana frente al Ayuntamiento de Palma "a favor de la vida" y en contra del aborto y de la nueva Ley que permitirá abortar a las jóvenes de 16 años, al considerar que esta práctica "no es un derecho que exista" para nadie.

El acto, que se celebró bajo dos pancartas en las que se leía 'En defensa de la vida, la mujer y la maternidad' y 'Tenemos un problema en Baleares: El aborto. ¿Cuándo las soluciones?' había sido convocado por la Asociación Baleares Vida y por el Instituto de Política Familiar y al mismo también acudió Rafael Perera, abogado del ex-presidente del Govern, Jaume Matas.

Asimismo, muchas personas portaban carteles en los que se podía leer 'Sí a la mujer', 'Sí a la vida' y 'Derecho a vivir', mientras que también se colocaron fotografías de una mujer embarazada a la que no se le veía el rostro, bajo el lema 'Zona libre de pena de muerte".

Fuentes de la organización informaron de que a esta concentración asistieron miembros de diferentes religiones, como católicos, musulmanes, testigos de Jehová y evangelistas, ya que, según remarcaron, el rechazo al aborto "no es sólo defendido por los católicos, sino también por el resto de confesiones religiosas".

Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Agustín Buades, consideró que "debería eliminarse el aborto de la legislación" y criticó que los tres supuestos mediante los cuales puede abortar en estos momentos una mujer en España(violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psicológicas para la mujer) son un "coladero".

Así, apuntó que de los 3.387 abortos que se practicaron en Baleares durante el 2008, "el 93 por ciento fue por problemas psicológicos para la mujer, mientras que sólo un caso fue por motivos de violación". "Dos de cada diez embarazos acaba en aborto", lamentó.

Buades llegó a decir incluso que una niña que haya sufrido una violación y haya quedado embarazada, "seguro que diría que quiere tener el niño si cuenta con el apoyo de la sociedad, la administración y la familia".

En este sentido, consideró que "se aborta porque las mujeres no tienen ayuda familiar, ni social, ni económica", tal como, según indicó, lo está comprobando continuamente Baleares Vida, que "ha estado ayudando a madres con problemas inimaginables y, al final, no han ido a abortar porque se han visto respaldadas".

Pese a su oposición al aborto, el presidente de IPF recalcó que no debe existir ninguna pena de cárcel para la mujer que decida interrumpir su embarazo, ya que "la libetad es lo más sagrado de la vida y hay que respetarla".

No obstante, recordó que, en la actualidad, "no hay ninguna mujer en prisión" por haber incumplido la actual legislación en esta materia e insistió en que "por mucho que el Gobierno español y algunas lobbys intenten imponer a la ONU, sólo existe el derecho a vivir y no a abortar".

"el aborto es un terrible drama"

Por su parte, el portavoz de Baleares Vida, Juan Tenorio, leyó un manifiesto en el que afirmó que el aborto supone la "muerte violenta de un ser humano y un terrible drama para la mujer que lo sufre" y apuntó que el número de abortos practicados en España "supera ya el millón y, sin embargo, sigue sin ofrecerse ninguna información ni ayudas sociales a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles, mientras que sí existe financiación para que vayan a abortar".

Además, apuntó que en Baleares, hubo 377 abortos de menores de 19 años durante el 2008, siendo la Comunidad con mayor tasa de este tipo de prácticas (14,3), al tiempo que detalló que "en menores de 20 años, dos de cada diez abortos son de jóvenes menores de 16 años".

"El Congreso de los Diputados acaba de aprobar, a iniciativa del Gobierno, una ley de plazos que deja completamente desprotegido al nuevo ser y abandona a la mujer ante sus problemas, empujándola al aborto", reprobó, al tiempo que criticó que esta normativa "injusta e inhumana" considera a los enfermos y discapacitados como seres humanos de "segunda categoría, permitiendo que puedan ser eliminados antes de nacer".

Además de contemplar que "las menores puedan abortar sin el consentimiento paterno, dejándolas solas e impidiendo a los padres ayudar a sus propias hijas ante la situación de un embarazo inesperado", la nueva ley "impondrá un determinado tipo de educación sexual en los colegios, vulnerando así el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias normas morales".

Por ello, exigió en nombre de Baleares Vida e IPF que se derogue la nueva Ley del Aborto y que los políticos promuevan normativas que protejan "derecho a vivir y el derecho a ser madre, amparando la vida en todo momento y ayudando a las mujeres embarazadas a superar cualquier problema que un embarazo imprevisto puede generarles".

Asimismo, reclamó que "se respete el derecho de los padres a formar a sus hijos en materia de educación sexual según sus propias convicciones, así como el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda cumplir su compromiso de defender y cuidar la vida y la salud desde el mismo instante de la concepción".

Por su parte, Rodríguez justificó su presencia en este acto, debido que, en su opinión, el aborto es un "drama" y, por ello, abogó por implantar medidas dirigidas a las mujeres embarazadas y para que los padres eduquen a sus hijos de manera "responsable". "Estoy aquí defendiendo la vida y no nos rendiremos, sino que seguiremos luchando por este derecho", sentenció.