El secretario de la Junta de Compensación de Santullán, Alfredo Ortega, aseguró hoy que la gestión en el Ayuntamiento de Castro Urdiales era un "desastre" por el "desbordamiento" de los servicios técnicos, que no son "suficientes ni necesarios" para dar solución a los problemas, lo que se traducía en un "desorden" que provocó que no se construyera en depósito de agua en la urbanización de La Loma.

El representante de la entidad administrativa de la zona SUNP 3, en La Loma, declaró hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales que "es evidente que no se ha hecho nada sin conocimiento del Ayuntamiento" en esta unidad urbanística. El alcalde, Fernando Muguruza, en la actualidad en prisión, "participó y tenía conocimiento de lo que iba pasando" ya que la última reunión fue "bastante drástica".

El secretario aseguró desconocer porque no se encontraban en el Ayuntamiento las actas de la Junta, cuya presunta destrucción como pruebas es uno de los motivos a los que se aludió para el ingreso en prisión de Muguruza. Dijo que enviaba la documentación al Consistorio por el registro, y que "es posible" que adjuntara las actas en las convocatorias.

También descartó que los promotores de la urbanización tuvieran conocimiento de que se estuvieran cometiendo ilegalidades urbanísticas, y señaló que "no le consta" que algún concejal o técnico pidieran dinero a ningún promotor.

Y aseguró que le llamó "mucho" la atención que se concediera una licencia de primera ocupación antes de que se aprobaran los estatutos de la asociación administrativamente, porque "jurídicamente no es posible".

Ortega negó saber que el depósito de agua que se quería construir en el Monte Cueto era zona protegida y requería autorización de la CROTU. Los promotores conocieron en 2006 el informe en que se informaba de que la zona en que se quería construir carecía de abastecimiento y entonces se intentó buscar soluciones.

El secretario cuantificó la deuda a la que tienen que hacer frente los promotores en 604.758 euros por las obras pendientes, que, si no pueden afrontar, deberá pagar el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

La asociación administrativa, dijo, "fracasó y se disolvió" por un problema de planeamiento "muy serio", relacionado con el vial general, los depósitos y con el hecho de que los promotores se dieron cuenta de que no iban a tener "nunca" la licencia de primera ocupación.

Ortega definió como "muy negativa para la ciudadanía" la gestión urbanística del alcalde de Castro, Fernando Muguruza.