El Ministerio lleva años planteado la modernización de la justicia mediante la creación de la Oficina Judicial, que se va a implantar como una experiencia piloto en varias provincias, Baleares entre ellas. Los sindicatos consideran que esta reforma plantea un conflicto en la separación del poder político y judicial y reclamaron al Ministerio una modificación en la elección de los cargos de libre designación.

Para intentar acercar posturas, ayer tuvo lugar durante más de doce horas una reunión en el Ministerio de Justicia a la que acudieron todos los sindicatos mayoritarios, y en la que las partes llegaron a un acuerdo que previsiblemente se sellará la próxima semana, informaron fuentes ministeriales a Europa Press.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el presidente del sindicato CSI-F en Baleares, Andrés Bou, explicó que el Ministerio ha aceptado recudir "al mínimo" el número de cargos de libre designación, una de las principales demandas de los funcionarios, y que en su opinión permitía al poder político controlar al poder judicial.

Asimismo, el Ejecutivo se ha comprometido a no reducir la plantilla existente, y en relación a la posibilidad de que algunos puestos pudieran ser trasladados a otras oficinas, el Gobierno ha accedido a que cualquier traslado se haga mediante "concurso", de forma que "hemos asegurado los destinos", explicó.

Los sindicatos sostienen que la implantación de la Oficina Judicial en la forma y fondo inicialmente previstos por el Gobierno suponía un empobrecimiento de la calidad del sistema judicial e iría en detrimento de la eficiencia del mismo. "Queremos un sistema que requiera la profesionalización de los funcionarios y que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo", sostuvo Pou. "Hemos visto la luz al final del túnel para que la justicia funcione de una vez. Nos espera una larga travesía hasta poder llegar a nuestros objetivos y si el Ministerio se desvía del camino marcado y vuelve a sus intenciones iniciales, que era un control político del sistema judicial, volveremos a las movilizaciones", apostilló Bou.

Los funcionarios han puesto como condicionante que el acuerdo sea rubricado por el ministro, Francisco Caamaño, y publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado. El lunes volverán a reunirse y a mediados de semana firmarán el acuerdo, según informaron desde las central.