La iniciativa, debatida en el Pleno celebrado hoy en las Juntas, contó con el apoyo de los proponentes y del grupo juntero de EB, mientras que PSE y PP la rechazaron y presentaron sus propias propuestas de resolución, que no prosperaron.

En la del PP se solicitaba la disolución de los consistorios gobernados por ediles de ANV, no adscritos desde la ilegalización de esta formación, mientras que en la del PSE instaba al Gobierno vasco a seguir proponiendo ante los tribunales las acciones necesarias para cumplir con la sentencia de ilegalización del citado partido.

También pedía que se extreme la vigilancia en consistorios gobernados por ANV por si se llegara a acuerdos o se adoptaran acciones que pudieran "humillar" a las víctimas de ETA o supusieran un apoyo, directo o indirecto, al terrorismo.

"ley de partidos"

Por el contrario, la transaccional aprobada en las Juntas se insta al Gobierno central a que, con carácter urgente, derogue la Ley de Partidos y se pide al Gobierno vasco y al Consejo de Ministros que "respeten la voluntad popular en todos los ayuntamientos de Euskal Herria".

También se les pide que "traten a los ayuntamientos gobernados por electos presentados a las elecciones municipales como ANV con la misma normalidad democrática con la que trata a cualquier otro consistorio" porque han sido constituidos "con total legitimidad democrática".

La portavoz del grupo juntero del PP, Regina Otaola, mostró su repudio a que ayuntamientos guipuzcoanos sigan gobernados por quienes "no condenan la violencia" y criticó que el Gobierno central y al PNV que "no hagan nada al respecto", a su juicio, toda una "irresposabilidad".

El juntero de Alternatiba Ander Rodríguez destacó que a partir de "acusaciones infundadas no se pueden vulnerar derechos" y censuró que se utilicen "los aparatos represivos contra el adversario político", al tiempo que exigió la derogación de la Ley de Partidos.

Desde Aralar, su portavoz juntera, Rebeka Ubera, recordó que las listas de ANV a las pasadas municipales se formaron con personas "dueñas de todos sus derechos civiles y políticos y pasaron el filtro" de la citada Ley, por tanto lo propuesto por el PP "no tiene sentido" ya que "no existe ningún problema jurídico, ni penal" con estos consistorios.

"imposible de ejecutar"

El juntero de Hamaikabat Josean Rekondo advirtió a los populares que no se puede llevar a cabo una disolución "arbitraria y a la carta" de los ayuntamientos, la cual sólo puede llevarse a cabo si sus miembros cometen un acto "gravemente dañoso o dan cobertura y apoyo al terrorismo" lo cual "no nos encontramos en este caso". Por tanto, indicó que la propuesta del PP es "imposible de ejecutar".

Desde el PNV su juntera Maribel Vaquero afirmó que "no existen fundamentos legales, ni democráticos" para la disolución de estos consistorios, y añadió que "todos las formaciones políticas deberían tener derecho a tomar parte en las instituciones vascas en las mismas condiciones" ya que la ilegalización de partidos "repercute directamente en los derechos de los ciudadanos y los recortan".

El juntero de EB Mikel Izagirre manifestó su apoyo a la transaccionada presentada por Alternatiba, PNV, Aralar y Hamaikabat porque la Ley de Partidos "criminaliza propuestas políticas". Además, indicó que su formación siempre denunciará el silencio de cualquier persona o grupo político ante la violencia pero la ilegalización de partidos "sólo lleva a la pérdida de derechos civiles y políticos".

Finalmente, el juntero socialista José Morcillo aseguró que a su partido también le "repugna" que personas que no condenan la violencia de ETA gobiernen algunos municipios, no obstante, indicó que, "en aplicación de la Ley", no se puede llevar a cabo la disolución de los ayuntamientos gobernados por quienes se presentaron en las listas de ANV.

Además, aseguró que los socialistas quieren "hacer cumplir las leyes y fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas", lo que, a su juicio, no se logra con "propuestas unilaterales" como esta presentada por el PP que "va más allá de lo que la Ley establece" y crea "inseguridad jurídica".