A los diez se les imputa un delito de falsedad en documento mercantil por el que el ministerio público les solicita seis años de prisión a cada uno. Además, dos de ellos están acusados de un delito de falsedad en documento de identidad y de una falta de estafa por los que se enfrentan a un año y medio cada uno. Además de las penas de prisión, deberán pagar a las empresas más de 100.000 euros por los perjuicios.
En la primera jornada de la vista está previsto que declaren los diez imputados -algunos en paradero desconocido-, mientras que el día 16 declararán veinte testigos. El último día testificarán dos peritos y los siete testigos restantes.
Siempre según estas fuentes, varios de los imputados falsificaron una cuenta bancaria y habilitaron un número de fax, desde el que hacían los pedidos a las empresas de Murcia y Alicante. Una vez recibidos los ibéricos los almacenaban en domicilios de Asturias para a continuación revenderlos a bares y restaurantes del Principado. Los hechos se desarrollaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2005.
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