La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha suspendido el juicio que iba a comenzar hoy por el caso de presunta corrupción policial en la localidad malagueña de Ronda después de que una de las defensas reiterara la petición, ya realizada previamente, de conocer la identidad de testigos protegidos de la causa para solicitar luego la práctica de pruebas.

Según fuentes judiciales, dos letrados solicitaron en sus escritos de defensa conocer la identidad de algunos de los testigos protegidos de la causa —en la que en total hay 20—, en virtud del artículo 4 de la Ley de Protección de Testigos y Peritos, que establece la posibilidad de facilitar sólo el nombre y los apellidos, respetando las restantes garantías reconocidas en dicha norma.

Así, mientras que a una de las defensas sí se le informó de las identidades, a la otra no, alegación que fue reiterada hoy por esta parte ante la Sala, tras lo que se le dio traslado de la información solicitada. Ahora, tal y como recoge la Ley, podrá proponer "nueva prueba para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio del testimonio".

Estos testigos protegidos fueron citados a finales del pasado año a través de la Policía y, en ese momento, según otras fuentes, se tuvo conocimiento de presuntas amenazas y presiones contra ellos, sus bienes o familiares, lo que dio lugar a que se dedujera testimonio y se enviara el caso a los juzgados de Ronda, donde se ha archivado provisionalmente.

No obstante, la Fiscalía, tal y como prevé la legislación, solicitó protección policial para éstos, que ahora, según indicaron fuentes fiscales, se reiterará. Estas fuentes manifestaron que en este caso la mayoría de los testigos, dadas las relaciones personales con algunos de los acusados, eran necesariamente conocidos previamente por los procesados.

En el juicio, que se ha suspendido sin fecha, están acusadas nueve personas, entre ellas, cuatro policías nacionales y un guardia civil, para los que el fiscal pide 39 años de cárcel por, presuntamente, no actuar contra clubes de alterne, a los que supuestamente acudían para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o de arreglar la situación irregular de las trabajadoras.

A éstos, entre los que está el que fuera jefe de la Comisaría de Ronda desde mayo de 2005, se les acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho con fines delictivos, abusos en el ejercicio de la función pública en relación con delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en su momento por el responsable del ministerio público encargado del caso, al que tuvo acceso Europa Press, fueron acusados también los tres responsables de esos clubes por un delito de prostitución y una novena persona, que supuestamente acompañaba a los agentes, por un delito de tráfico de influencia.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo informaciones que "involucraban" a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres extranjeras en situación irregular, investigación que desembocó en la detención, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados y de otras personas, para los que se archivó la causa.INVESTIGACIÓN

Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007 y según la calificación inicial del fiscal, el inspector jefe, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil "siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas" que había en tres locales de la zona, en los que se desarrollaron varias redadas.

En las conclusiones iniciales se indica que los dos agentes de la Policía Judicial se dedicaron a visitar a la dueña de uno de los clubes, también acusada, para exigirle 600 euros mensuales "bajo la amenaza de que en caso contrario instruirían diligencias contra ella", de nacionalidad marroquí y que estaba en situación irregular en el país.

También lo hicieron en los otros dos locales, según relata el ministerio público, por lo que se les acusa de omisión de perseguir delitos, de cohecho continuado y de fraude y se solicita una pena total a cada uno de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación para cargo público.

Asimismo, el fiscal indica que el jefe policial, durante el tiempo en que ejerció como tal, "se dedicó a visitar como cliente los establecimientos de alterne de la ciudad", donde pedía "consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba". Además, según el escrito, se ofreció a ayudar a una mujer que no tenía papeles y que trabajaba en una residencia de ancianos "a cambio de relaciones".

Cuando se rompió esta relación, "trató de compensarla" con al menos 2.000 euros. A éste se le acusa de omisión de perseguir delitos, de un delito continuado de cohecho y de otro igual de abusos en el ejercicio de función pública, en relación a dos delitos sexuales, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 14 años de cárcel y 22 años de inhabilitación.

Otros acusados

Según la acusación pública, "su más asiduo acompañante" era uno de los procesados, que explotó "de la forma más ostentosa de que era capaz" la compañía y amistad de los policías, así como la relación afectiva que mantenía con una jueza destinada en Ronda, por lo que está acusado de tráfico de influencias y se solicita una pena para él de un año de prisión.

En lo que respecta al subinspector, la Fiscalía dice que tenía alquilada una casa al dueño de un club, también acusado, para "albergar a las camareras", alertándole a éste de las inspecciones. Además, supuestamente no ejecutó decretos de expulsión de mujeres en situación irregular, lo que, según la acusación, le permitió obtener "las consumiciones y servicios sexuales gratuitos que demandaba".

Éste, añade el escrito, llevó a dos testigos protegidos mujeres que estaban en la misma situación de irregularidad a su despacho oficial con el fin de mantener relaciones. Se le acusa de delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho, violación de secretos y abusos en el ejercicio de función pública, en relación con un delito de abusos sexuales, solicitando el fiscal siete años de prisión y 12 de inhabilitación.

Respecto al guardia civil, la calificación inicial señala que también frecuentó entre 2003 y 2006 esos clubes en los que "tampoco pagaba sus consumiciones, salvo en uno, ni los servicios sexuales que le proporcionaban las mujeres que periódicamente sacaba de los establecimientos".

También, presuntamente, extorsionó, según indica el fiscal, a la dueña de uno de los locales a cambio de no menos de 100 euros. por estos hechos que se le imputan está acusado de los delitos de omisión de perseguir delitos y de cohecho, por lo que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación.