Greenpeace recordó, en un comunicado, que existen alternativas a estas instalaciones por lo que pide responsabilidad a la FSA y que tenga en cuenta la salud y el medio ambiente de los asturianos, a la vez que exige un cambio de política para fomentar de verdad la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

"Esperamos que IU no se deje engañar por los cantos de sirena de los socialistas asturianos y no ceda a sus presiones, y que se mantengan firmes en su oposición a la construcción de una incineradora en Serín", declaró el responsable de la Campaña de Contaminación de Greenpeace, Julio Barea.

La organización ecologista pide una moratoria en la construcción de la incineradora y que se pongan en marcha políticas de gestión y recogida de residuos más sostenibles, como las que ya están funcionando en otros lugares. Es el caso de la recogida Puerta a Puerta que llevan a cabo decenas de municipios catalanes y vascos. Con estos sistemas se obtienen niveles de recuperación y reciclaje que superan el 80 por ciento, además, de reducir los costes y tasas que deben pagar los ciudadanos.

Según Greenpeace, quemar residuos es el sistema de gestión más caro: por cada tonelada incinerada las administraciones deben pagar 60 euros a la empresa que gestiona la planta. La construcción del proyecto de Serín supondrá, pues, un fuerte incremento en la tasa de basura que pagan los asturianos y, teniendo en cuenta que los contratos con las incineradoras son de entre 25 y 30 años, se bloquearán durante décadas la aplicación de políticas sostenibles de residuos.