En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama en primer lugar que el Parlamento exprese su "firme rechazo al nuevo sistema que implica discriminación para Andalucía o privilegios para otras comunidades, tanto por el establecimiento de niveles desiguales de autonomía financiera como por la ausencia de garantía sobre la solidaridad", así como su "apoyo a un sistema de financiación que garantice suficientemente que la progresividad fiscal continúe en manos del Estado" y que "aminore las diferencias entre los niveles de autonomía financiera de las comunidades".

Junto a ello, los populares emplazan al Ejecutivo andaluz a exigir al Gobierno de la Nación que garantice el nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la comunidad autónoma mediante el establecimiento de "cláusulas específicas de responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de la ejecución presupuestaria prevista, tal y como se recoge y regula para la Comunidad Autónoma de Cataluña".

En su opinión, esta demanda tiene como objetivo "garantizar que el gasto de inversión pública del Estado con destino a Andalucía haga efectivo el equilibrio territorial en los términos previstos en el artículo 138 de la Constitución Española", de forma que la inversión destinada a Andalucía sea equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado.

Igualdad de acceso a los servicios

La moción del PP también insta a la Junta a "mantener una posición en relación con la financiación autonómica tendente a garantizar que la totalidad de los recursos del sistema aporten una financiación suficiente para nuestra comunidad", así como a "atender como objetivo exclusivo a la financiación de los servicios transferidos por el Estado, de manera que puedan ser prestados por las comunidades autónomas con recursos financieros suficientes, que garanticen la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los mismos, sea cual sea su lugar de residencia".

Por último, los populares demandan al Ejecutivo andaluz que cumpla los "principios de transparencia, lealtad institucional y participación en las decisiones en que les afecten en el ámbito de las relaciones de la comunidad con la administración financiera del Estado, poniendo especial énfasis en la defensa irrenunciable a lo dispuesto en el artículo 183.5 del Estatuto de Autonomía en el caso que se produzca una reforma o modificación del sistema tributario español que suponga o implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos de la comunidad que dependan de los tributos estatales".