El Gobierno quiere establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las pymes y autónomos por parte de las grandes empresas.

Además, el Ejecutivo ha propuesto a los partidos, en el documento con medidas anticrisis que ha presentado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, negociar que el ICO pueda dar préstamos directos por un máximo de 200.000 euros para las pymes y autónomos, para tratar de que "ningún proyecto (empresarial) viable se quede en el cajón".

Éstas son dos de las medidas que ofrece discutir el Ejecutivo en las negociaciones por el pacto anticrisis, entre las que también está la de aumentar del 8% al 12% las deducciones aplicables a las actividades de innovación en el impuesto sobre sociedades y elevar en algunos casos hasta el 60% el límite general que ya existe a esa deducción.

En el texto, se propone además revisar antes de seis meses los distintos costes regulados del sector eléctrico y antes de que acabe este año del sistema de incentivos a las energías renovables.

El documento incluye varias exenciones fiscales además de las citadas, como la de eximir al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades que su empresa abone para sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo a través del transporte público, con un límite de 1.500 euros anuales.

Además, la ministra ha asegurado que se llevará a cabo una racionalización de la administración general del Estado, con medidas para la "reducción de altos cargos" y para reducir las retribuciones de los mismos.

El pacto anticrisis incluye también medidas dirigidas a paliar el impacto de la crisis en el sector de la construcción, con las que espera que se creen en dos años 350.000 empleos en esta actividad.

El pacto incluye medidas para potenciar la rehabilitación de la vivienda, con la reducción del IVA hasta el 8% a partir de julio. También la deducción extraordinaria del IRPF del 10% de los costes de obras de mejora de la vivienda habitual para las rentas inferiores a los 33.007,2 euros, siempre que el objetivo sea el ahorro energético, instalaciones de suministros o accesibilidad para dependientes, con un límite de 12.000 euros.

"Queremos acabar con la especulación en el ladrillo, no con el ladrillo", aseguró Elena Salgado, por lo que se tomarían medidas para ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de protección oficial para cuando éstas se destinen a la venta. En su intento de renovar mediante la rehabilitación el parque inmobiliario, el Gobierno quiere además identificar 2.000 edificios públicos, 1.000 el Estado y otros tantos las comunidades y los ayuntamientos, para mejorar su eficiencia energética.

La intención del Gobierno es también reactivar el comercio, con el apoyo a los productos españoles en el extranjero y en el consumo interno. También busca mejorar la red de transporte público, lo que incluirá una reducción de las tasas de navegación aérea, que "favorecerá el turismo".

Un apartado aparte tiene el sector del automóvil, que según recuerda el Ejecutivo es la principal industria exportadora del país, y dentro de éste se planea el diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de la Automoción. Además se incluye el diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico que pretende potenciar esta industria y en el que se incluye el compromiso de que las Administraciones Públicas adquieran este tipo de coches.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha advertido, sin embargo, que su propuesta es "un documento de trabajo" que está sujeto a la negociación con el resto de los partidos políticos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno insistió también en que el Gobierno no dará marcha atrás en su intención de subir el IVA en julio, y aseguró que esta medida no va a provocar una caída del PIB en el tercer trimestre, aunque sí pueda repercutir en un "menor crecimiento".